Sólo tres de los ocho miembros de la comisión de control de la CAM citados ayer como investigados por los negocios que la caja montó en el Caribe con los empresarios de Benidorm Juan Ferri y José Baldó se avinieron a declarar ante la magistrada de la Audiencia Nacional Carmen Lamela. La juez instruye un proceso abierto en 2012 por los delitos de apropiación indebida o administración desleal en el que ya figuran como encausados, además de los hoteleros, los exdirectivos de la caja Roberto López y Daniel Gil.
La instructora pretende determinar si los citados, también miembros de la comisión de control de Tenedora de Inversiones y Participaciones (TIP), la participada con la que la CAM se alió con los hoteleros en su aventura al otro lado del Atlántico, y del comité de auditoría interna de la caja, ejercieron la debida labor de fiscalización de unas inversiones que, según sostiene Lamela, le supusieron a la caja unas pérdidas de 25 millones de euros.
El primero en llegar a la Audiencia Nacional fue el expresidente de la comisión Juan Ramón Avilés, que repite como investigado en una causa de la CAM (en la primera fue absuelto de la concesión de unos créditos a los que la comisión que presidía daba el visto bueno) y a quien acompañaba su hijo y abogado. Pero el madrugón no sirvió de mucho. Avilés se acogió al derecho que, como investigado, tiene a no declarar. Una senda en la que le siguieron el sindicalista Juan Hernández y María Asunción Martínez.
Quienes sí respondieron a las preguntas del abogado del Fondo de Garantía de Depósitos, Carlos Gómez-Jara, artífice de estas declaraciones, y de la fiscal anticorrupción Belén Darremochea fueron el exdirector del Instituto Valenciano de Finanzas (IVF) Juan Manuel Uncio; quien también fuera secretario del consejo de administración de la caja de 1988 hasta el 2007 Francisco Grau y el sindicalista César Estrada.
Tiempo y grado
Con matizaciones sobre el tiempo de permanencia en estos órganos y su grado de participación en los acuerdos que se adoptaban (Uncio aseguró que se incorporó con posterioridad a la aprobación de estas operaciones y Estrada precisó que, como informático, únicamente conocía la estructura empresarial del entramado con el que operaba la mercantil formada por la CAM y los hoteleros del Benidorm), los tres que sí declararon coincidieron en varias afirmaciones. A saber: el papel de los órganos de control era poco menos que testimonial porque las operaciones ya venían con el visto bueno de los directivos de la caja y las inversiones no se analizaban de forma individualizada sino en su conjunto, sin descender al detalle. Las reuniones de estos órganos eran muchas, dijeron, y tampoco muy extensas.
Aún así, tanto Grau como Estrada defendieron los mecanismos de control de la caja, que llegaron calificar de «fuertes», y consideraron que se «había actuado bien».
En otro momento de las comparecencias, hubo quien negó que la comisión de control tuviera obligaciones de auditoría cuando existían empresas que se ocupaban de fiscalizar las operaciones que acometía la caja. Mañana continúan las declaraciones con otros siete investigados.
