Inspectores de Trabajo y Seguridad Social, en algunos casos acompañados por agentes de la Guardia Civil, han puesto estos días pasados su foco de atención en comarcas del sector vitivinícola de la Comunidad para vigilar posibles casos de ocupaciones irregulares en el campo.

En las inspecciones se han pedido los contratos de trabajo de los recolectores, libros de visitas y documentación relativa a los planes de prevención de riesgos laborales, entre otros papeles.

La alarma ha saltado en el campo valenciano, según advierten algunas organizaciones agrarias, porque los viticultores, en vísperas de concluir la campaña de 2017, han tenido que prescindir incluso de familiares directos que «colaboraban a ratos» en tareas de recolección de la fruta. El presidente de AVA-Asaja, Cristóbal Aguado, sostiene que el sector «detecta un celo excesivo por parte de la Inspección de Trabajo que no se corresponde con la realidad de una actividad que en su inmensa mayoría cumple las normas y la legislación vigente». En su opinión, dicha actitud «preocupa y genera malestar por algunos confunden el campo con el trabajo en una oficina». Respecto al sector citrícola, cuya campaña de recolección de 2017/2018 en variedades tempranas ya ha comenzado en el campo, fuentes de la administración autonómica recuerdan que los planes de vigilancia siguen de cerca a las empresas de trabajo temporal (ETT) Ya a principios de 2017, la Inspección multó con 2,5 millones a 26 almacenes y ETT por explotar a los jornaleros agrarios en el negocio naranjero. La conselleria de Economía abrió 28 expedientes por recurrir a firmas de trabajo temporal para pagar menos en lugar de contratar fijos discontinuos.