Los promotores de la Comunidad Valenciana cambian de presidente. La asamblea general de Feprova eligió este jueves al valenciano Antonio Olmedo como máximo responsable de la organización en sustitución del alicantino Francisco Murcia Puchades, que decidió no optar a la reelección después de 12 años en el cargo, según han informado desde la propia patronal.

Como el propio Murcia Puchades recalcó, su mandato ha coincidido con la mayor crisis que ha sufrido el sector de la construcción en toda su historia. "Han sido 12 años intensos y duros, sorteando las dificultades que todos hemos atravesado a consecuencia de la grave crisis económica que sufrió nuestro sector como ningún otro. Sin embargo, ahora que las cosas están cambiando a mejor, es el momento de decir adiós a una etapa en la que he podido conocer a grandes empresarios de nuestra comunidad", ha señalado el empresario durante la asamblea, que ha decidido nombrarle presidente de Honor de Feprova, a modo de reconocimiento.

De esta forma, Francisco Murcia Puchades abandona la primera línea de la representación empresarial, despúes de que en el año 2012 ya cediera la presidencia de la patronal provincial de la provmoción (Provia) a Antonio Fernández, que pasa a ser también vicepresidente de la patronal autonómica, junto con Fernando Alonso. Por su parte, el también alicantino Jesualdo Ros seguirá compatibilizando la secretaría general de ambas organizaciones.

A partir de ahora, por tanto, será el citado Antonio Olmedo quien encabece la dura oposición que los promotoresplantean al Plan de Acción Territorial de la Infraestructura Verde del Litoral (Pativel), que pretende aumentar el espacio protegido en la costa y que, según los empresarios, supondrá una pérdida de competitividad, provocado por la caída de la inversión, que puede llevar a pequeños municipios del litoral, pedanías o áreas costeras a sufrir "situaciones de abandono administrativo".

En concreto, según Feprova, la aplicación del Pativel supondrá una pérdida de oportunidad para los próximos cinco años de 15.000 viviendas que dejarían de ejecutarse, 5.000 empleos que dejarían de generarse y un impacto económico de 3.500 millones de euros que dejaría de producirse.