La pérdida de renta generalizada que ha supuesto la crisis económica se ha traducido en un notable adelgazamiento de las clases medias de la provincia y un incremento del número de familias con dificultades para cubrir sus necesidades. Tanto es así que, con los últimos datos disponibles, los de 2015, hasta un 26,3% de los hogares alicantinos podrían considerarse pobres, lo que significa que sus ingresos no alcanzan ni el 60% de la renta mediana nacional. Son seis puntos más que antes de la crisis y lo más preocupante es que la mejora de la situación económica no parece que esté contribuyendo a reducir significativamente estas bolsas de pobreza, que amenazan con convertirse en un problema estructural, si no se adoptan medidas decididas para corregirlo.

Es la advertencia que lanzan los profesores Francisco Juárez y Paloma Taltavull en el capítulo en el que analizan las consecuencias de la recesión sobre la distribución de la renta, dentro del informe Crisis y recuperación de la economía alicantina, el completo dosier que INFORMACIÓN y el Instituto de Economía Internacional de la UA presentan el próximo lunes en la Estación Marítima de Dénia, con la colaboración de Baleària, Hidraqua, la Conselleria de Economía Sostenible y la Generalitat.

El análisis señala que la recesión ha supuesto una caída del 8,42% en la renta disponible de los hogares de la provincia -1,2 puntos más que la media nacional-, aunque la distribución de esta pérdida de ingresos ha ido evolucionando a medida que avanzaba la crisis. Así, según los cálculos de Juárez y Taltavull, el primer golpe se lo llevaron sobre todo las clases medias y fue a partir de la segunda oleada de la crisis, en el año 2013, cuando se generalizó la caída de ingresos. Posteriormente, el inicio de la recuperación permitió que la distribución de la renta empezará a mejorar en aquellas capas con ingresos superiores a la media, pero no así en los escalones más bajos de la sociedad, que aún acusan las consecuencias de las elevadas tasas de paro o el recorte de los salarios.

Del mismo modo, los investigadores señalan que la línea que separa en la provincia a los hogares pobres de aquellos que no lo son es muy delgada, por lo que la probabilidad de caer en la pobreza cuando se produce un cambio en el entorno económico es «elevada». Además, el estudio destaca que las familias con hijos menores de edad son las más vulnerables y suponen el 36,1% de todos los hogares con dificultades para llegar a final de mes, «lo que muestra la enorme incidencia que puede estar teniendo la pobreza en niños», apunta el documento. Junto a ellos, los mayores son el otro gran colectivo que sufre este problema, con un 27,6% del total.

Empleo de peor calidad

La persistencia de estas bolsas de pobreza se entiende mejor con los datos que aportan los profesores José Manuel Casado e Hipólito Simón en el capítulo del dosier dedicado a la evolución del mercado de trabajo, en el que se pone de relieve la pérdida de calidad que ha sufrido el empleo en la provincia, fruto de la propia situación económica pero, también, de las reformas laborales de los últimos años y, en especial, de la aprobada en 2012 para propiciar la devaluación interna. El resultado es que los salarios medios en la provincia han perdido un 10% de poder adquisitivo y que el porcentaje de quienes no ingresan a lo largo de todo el año ni el equivalente al salario mínimo interprofesional ha pasado del 30% a cerca de un 40%.

Algo que viene motivado, en parte, por otra de las consecuencias de esta reforma: la extensión del trabajo a tiempo parcial que, como recuerdan los expertos, en España es mayoritariamente involuntario. Ya son un 30,8% los ocupados alicantinos que se encuentran en esta situación, cinco puntos más que la media nacional. Por si fuera poco, la reforma no ha logrado reducir la temporalidad, supuestamente, uno de sus grandes objetivos.

El estudio también destaca los cambios que se han producido en la población activa de la provincia, con un notable aumento del número de mujeres ocupadas.