Aunque nominalmente la economía española ya esté a punto de alcanzar los niveles previos a la Gran Recesión que se inició en el año 2007 -a la economía alicantina le costará algo más-, las enormes heridas que ha provocado esta crisis todavía tardarán en cicatrizar. Especialmente, el notable aumento de la desigualdad que dejan estos diez años será imposible de atajar si no se toman medidas que permitan un crecimiento más equilibrado. Unas medidas que pasarían, entre otras, por fomentar un aumento de la productividad basado en la «economía del conocimiento»; por la consecución de un pacto para aumentar los salarios; poner coto al abuso de la contratación temporal y a tiempo parcial; o por conseguir una política fiscal que contribuya a redistribuir mejor los recursos disponibles.
Así, al menos, lo ponen de manifiesto los expertos que han participado en el dosier Crisis y recuperación de la economía alicantina, un extenso documento en el que se disecciona la realidad de la última década en la provincia y en el conjunto del país, que ha elaborado el Instituto de Economía Internacional de la Universidad de Alicante y que INFORMACIÓN presenta en sociedad el próximo lunes, 25, en la Estación Marítima de Dénia. Un evento al que están convocados todos los representantes del empresariado de la provincia, así como de las Administraciones, y que contará con el apoyo de Hidraqua, Baleària, la Conselleria de Economía y la Generalitat.
El periódico inicia hoy una serie de artículos en los que avanza los principales contenidos del documento, que arranca, precisamente, con el análisis de la situación que realizan, a modo de introducción, el director del Instituto, Antonio Escudero, y la catedrática de Economía Aplicada Paloma Taltavull. En él recuerdan que el origen de la crisis estuvo en el proceso de desregulación bancaria iniciado en Estados Unidos en los años ochenta y que Bill Clinton culminó en 1999, justo cuando la Reserva Federal decidió también rebajar los tipos de interés para reactivar la economía tras el pinchazo de las «puntocom». Esto propició que los márgenes de las entidades se redujeran, por lo que optaron por elevar el volumen de préstamos que concedían para compensarlo, otorgando hipotecas incluso a personas de baja solvencia. Por si fuera poco, luego las empaquetaban -las titulizaban- y las colocaban en el mercado. Como es lógico, el aumento de la demanda llevó a una sobrevaloración de la vivienda.
El estallido de la burbuja se gestó a partir de 2006, cuando los precios de la vivienda empezaron a caer, la Reserva Federal encareció los tipos, la economía se frenó y millones de norteamericanos dejaron de pagar sus préstamos. Fue el escándalo de las hipotecas «subprime», que pronto se extendió por todo el mundo.
Aunque en España las entidades no habían comprado estas titulizaciones, como recuerdan Escudero y Taltavull, la desconfianza que generó la crisis paralizó los mercados interbancarios e impidió a los bancos españoles seguir financiándose, lo que les llevó a restringir el crédito al sector inmobiliario y afloró los desequilibrios acumulados durante la década anterior. Es decir, el «enorme aumento de la deuda privada de los hogares y las empresas» que propiciaron los años de crédito barato; el incremento del déficit exterior, debido a la baja productividad de la economía española; y la burbuja inmobiliaria que se gestó por la confluencia de unos bajos tipos de interés, la llegada de cinco millones de inmigrantes que contribuyeron a disparar la demanda y la especulación.
Los expertos señalan que las medidas iniciales adoptadas en 2008 y 2009 -como el Plan E- permitieron un ligero respiro en 2010, pero los problemas que arrastraba la economía española provocaron una nueva caída durante 2011, 2012 y 2013. Sólo a partir del tercer trimestre de este último año, tras el rescate europeo para solucionar los problemas de la banca y tras el proceso de devaluación interna que hundió los salarios, la economía española comenzó a dinamizarse «por el lado de las exportaciones». Un proceso al que también contribuyeron la caída del petróleo y la política de tipos bajos del BCE, que permitieron a las familias liberar renta para consumir.
En este sentido, el documento señala que la recuperación es «un hecho» aunque el PIB per capita en términos constantes aún cerró 2016 ligeramente por debajo del que había en 2007, con 23.725 euros frente a los 24.271 de entonces. Por tanto, señalan, «saldremos de la Gran Recesión en 2017, ya que es probable que durante este año se supere el PIB por persona de 2007».
Más paro y más desigualdad
Claro está, que las condiciones en las que España sale de la crisis son muy diferentes de las que había antes de la crisis. Así, los especialistas del Instituto de Economía Internacional de la UA destacan que la tasa de paro sigue siendo mucho más elevada, del 19,6% a nivel nacional frente al 8,5% de 2007, que los salarios reales han descendido, que buena parte del empleo que se crea es precario y que aún existe un importante colectivo de parados de larga duración. En definitiva, «la crisis ha tenido un gran impacto sobre la desigualdad» y «España es hoy uno de los países europeos con peor distribución de la riqueza».
Frente a esta situación, los expertos que han elaborado el dosier plantean la necesidad de poner en marcha medidas «para impulsar el crecimiento económico y mejorar los desequilibrios». La primera sería aumentar la productividad, para lo que consideran imprescindible realizarse «inversiones privadas y públicas para la incorporación de la Economía del Conocimiento a nuestras empresas». Es decir, una mayor apuesta por las innovación y las nuevas tecnologías. Esto, además, ayudaría a acabar con otro de los males endémicos de la economía española: la mala utilización de su capital humano, ya que, aunque ha aumentado el nivel educativo de la población, muchos de sus graduados -un 43%- deben ocuparse en empleos inferiores a su nivel de cualificación.
Pero, además, consideran desde el organismo dependiente de la UA, que la actual coyuntura permite «acometer un pacto social que aumente los salarios, lo que beneficiaría el crecimiento del consumo». También abogan por mejorar las políticas activas de empleo que permitan reciclar a los profesionales en paro. En este sentido, también consideran necesarias «reformas institucionales que mejoren la calidad del empleo. Así, a su juicio, «la inspección debe combatir el uso fraudulento de los contratos temporales y a tiempo parcial» y también hay que acabar con la dualidad entre fijos y temporales, bien mediante el «contrato unificado», que equipara los costes de despido de ambas modalidades, o bien con el «contrato único», con indemnización creciente.
Del mismo modo, el documento aboga por una política fiscal que aumente los ingresos y permita «redistribuir mejor la renta». Por último, apuesta porque «La Unión Europea debe emprender una política fiscal que impulse un crecimiento más vigoroso para la zona euro, del que se beneficiaría España».
