Nada de operaciones ruinosas sino todo lo contrario. El exdirector general de la CAM Roberto López Abad asegura que la alianza de la caja con los empresarios de Benidorm Juan Ferri y José Baldó a través de la mercantil Valfensal fue la mar de rentable para la entidad, que llegó a obtener por los negocios que se montaron en el Caribe más de 32 millones de euros. Así se lo ha expuesto a la magistrada de la Audiencia Nacional Carmen Lamela en el recurso en el que se opone a la decisión de la instructora de citar a declarar como investigados a los miembros de la comisión de control de TIP, la participada con la que la caja se asoció con los hoteleros, para averiguar en qué medida fiscalizaron estas operaciones que se encuentran bajo sospecha.

La juez sostiene que las inversiones se hicieron «al margen» o incluso «en contra» del procedimiento previsto en la CAM para este tipo de negocios y que tanto López Abad como el responsable de inversiones inmobiliarias Daniel Gil «lograron un desplazamiento de fondos de la entidad en beneficio de Valfensal y con ello de los otros dos querellados», en alusión a Ferri y a Baldó. Los cuatro están encausados en este procedimiento por apropiación indebida o administración desleal. Lamela cifra en más de 25 millones el perjuicio que presuntamente causaron a la CAM.

Nada más lejos de la interpretación que de estas operaciones dibuja López Abad en su escrito a la magistrada, donde niega cualquier irregularidad en unos negocios de los que defiende su «plena racionalidad económica».

El exdirector general arremete contra el informe de Deloitte que dio origen a este proceso y en el que se basa la juez y se apoya en otro encargado por Ferri y Baldó para afirmar que estas operaciones «no sólo no eran deficitarias» sino que en la fecha del estudio realizado por la auditora llegaron a existir «plusvalías latentes del 71% del coste de la inversión». Asegura también que «la CAM había recibido en esa misma fecha alrededor de 30 millones de euros en intereses y comisiones» y que «el grupo Valfensal se hallaba al día en el pago de todas sus deudas financieras con la CAM existiendo además garantías reales hipotecarias y de pignoración de acciones por la deuda financiera valoradas adecuadamente a valor de mercado. Y siendo la principal garantía de pago la solidez de los negocios hoteleros gestionados por el grupo Valfensal», precisa.

Frente al perjuicio económico al que hace referencia la instructora, agrega López Abad que el Sabadell vendió su participación en Valfensal por 24 millones, siete más de lo que pagó la CAM por ella, y cifra en más de 25 millones lo que obtuvo la caja en concepto de intereses. «Es decir, las supuestas inversiones ruinosas han supuesto ni más ni menos que un beneficio conjunto de más de 32 millones de euros», según los cálculos de López Abad que matiza que el agraciado ha sido el Sabadell, «nuevo propietario de la CAM y de TIP».

Negada la irregularidad de las operaciones y, por lo tanto, el quebranto económico, defiende el exdirector general que el Fondo de Garantía de Depósito (que acaba de dar un impulso a la causa logrando que se cite a los miembros de la comisión de control) carece de legitimidad para estar en el procedimiento, lo mismo que ha venido objetando sin ningún éxito en todas las piezas de la CAM en la que este organismo se encuentra personado.

Las cinco operaciones que se investigan son la adquisición de los hoteles Caracol y Gala en la Riviera Maya mexicana, la compra de una parcela en la República Dominicana y de otras dos en Playacar (México) y la del hotel Eco Resort San Blas, en Tenerife.