El presidente de la patronal alicantina Coepa, Francisco Gómez, anunció ayer que impugnará el acuerdo que firmaron UGT, CC OO y la CEV -con el beneplácito de la Generalitat- para renovar el funcionamiento del Tribunal de Arbitraje Laboral y que, en la práctica, supone la exclusión de sus representantes de este organismo, donde actuaban en nombre de la extinta Cierval. De esta forma, lo que en teoría es un mecanismo para resolver conflictos de forma amistosa va camino de convertirse en un nuevo motivo de disputa entre ambas organizaciones empresariales, incapaces de ponerse de acuerdo sobre el nuevo modelo de patronal autonómica.

De esta forma, los alicantinos quieren dejar claro que no están dispuestos a permitir que la CEV de Salvador Navarro ocupe sin más el espacio que ha dejado libre la liquidación de Cierval, al menos mientras desde València no se acepte un acuerdo para integrar a Coepa, que respete su posición como patronal más representativa en la provincia.

«No nos vamos a dejar avasallar. La CEV no puede hablar en nombre de los empresarios alicantinos porque sólo tiene a tres organizaciones de la provincia (Avecal, Hosbec y Fempa) y estamos dispuestos a llegar a los tribunales, si es necesario», señaló Gómez. En este sentido, los responsables de Coepa ya ha enviado sendos escritos a la Generalitat para protestar por los nombramientos que la organización valenciana ha realizado en otros organismos como el Observatorio de la Industria o el Comité Económico y Social, y también para advertir de que deben contar con ellos para cualquier designación de cargos de representatividad empresarial en la recién creada Agencia Valenciana de la Innovación.

Sin embargo, el acto de ayer para renovar el funcionamiento del Tribunal de Arbitraje Laboral resulta especialmente significativo dentro de la estrategia de la CEV para afianzarse por la vía de los hechos como máximo portavoz de los patronos de la Comunidad. El propio Salvador Navarro se encargó de recalcar que era el primer acuerdo que suscribía la CEV como organización autonómica y el hecho de firmarlo con los máximos representantes en la autonomía de CC OO, Arturo León; y de UGT, Ismael Sáez, supone que ambos sindicatos lo reconocen ya como tal, al igual que hace ya la Generalitat, a todos los efectos. «Es un acuerdo entre sindicatos y patronal y son ellos quienes deben reconocerse como actores legítimos», apuntaron desde la Conselleria de Economía.

En este sentido, también el gerente de la Fundación TAL, Ignacio Ruiz, señaló que «es la legislación la que establece que deben ser las organizaciones más representativas de ámbito autonómico las que deben suscribir el acuerdo y en estos momentos es la CEV la que tiene esta acreditación ante las administraciones».

Mientras existió Cierval, aunque la patronal autonómica eran quien firmaba el convenio, en la práctica eran las organizaciones provinciales las que designaban a los mediadores que debían intervenir en cada demarcación. No es un tema menor ya que este organismo es el responsable de mediar cuando se produce algún conflicto que afecte a un convenio colectivo o cuando, por ejemplo, hay una huelga como, por ejemplo, ha ocurrido recientemente con el servicio de limpieza de Alicante. Ahora será la CEV quien decida los representantes empresariales en las mediaciones que se realicen en la provincia. Desde esta organización declinaron realizar ningún comentario.