Tras dos años de auténtica agonía, el futuro de la patronal alicantina Coepa está más ligado que nunca a lo que decidan en los próximos meses los tribunales. Y, más concretamente, a lo que dispongan el Juzgado de lo contencioso-administrativo número 9 de València y la Audiencia Provincial de Alicante. El primero es el que debe decidir si acepta o no el recurso de los empresarios contra la solicitud de reintegro del Servef, que exige a la organización que le devuelva los 1,9 millones de euros en subvenciones que le concedió para la construcción de su centro de oficios, un asunto que podría poner en jaque la viabilidad económica de la patronal. Por su parte, el segundo tribunal tiene en sus manos reabrir o archivar definitivamente la causa penal por las supuestas irregularidades cometidas en la edificación de ese mismo inmueble, que también podría acarrear nefastas consecuencias para la confederación.
Sin duda, dos losas más que considerables que complican enormemente los esfuerzos de Francisco Gómez y su equipo por poner en orden las cuentas de la organización, que en enero superó el concurso de acreedores pero que aún debe afrontar los pagos comprometidos en el convenio que le permitió salir de esa situación. Y, todo ello, mientras sigue sin lograr un acuerdo que le permita integrarse en la nueva patronal autonómica que promueve Salvador Navarro desde Valencia ni ninguna fórmula alternativa para tener acceso a las jugosas subvenciones de la Ley de Participación Institucional y al reconocimiento de la Generalitat.
De momento, el aumento de un 25% de las cuotas de sus socios y el adelanto de su cobro han proporcionado a la patronal «gasolina» hasta final de año pero la situación sigue siendo en extremo delicada. De ahí que, a corto plazo, lo más importante es lo que decida el juzgado de lo contencioso-administrativo, al que Coepa ha solicitado como medida cautelar que suspenda la ejecución del expediente de reintegro de subvenciones hasta que decida quién tiene razón. De lo contrario, la Generalitat podría exigir la devolución del dinero, con independencia de que posteriormente el juzgado fallara a favor de la patronal y se viera obligado a dárselo de nuevo a los empresarios.
Intereses de demora
Desde Coepa confían en que el juzgado atienda su petición y que lo haga sin demasiada demora, entre otras cosas, porque en la situación actual la patronal ya tiene la consideración de «deudor por reintegro», lo que significa que no puede cobrar ayudas de ninguna otra administración, como las que tiene pendientes de recibir de la Diputación. Lo cierto es que ni siquiera está claro qué cantidad sería la que debería devolver Coepa, ya que sus responsables sostienen que la deuda del Servef debería acogerse a la quita del 95% pactada para los acreedores ordinarios, lo que reduciría de 1.915.000 a 95.000 euros el importe a devolver, sin duda un nuevo motivo de enfrentamiento en los juzgados.
A todo esto hay que sumar que la Generalitat también reclama otros 700.000 euros en concepto de intereses de demora por el tiempo que, a su entender, Coepa tuvo en su poder estas subvenciones sin merecerlas, siempre según el Servef, lo que obliga a la patronal a ampliar su recurso.
En el terreno económico, los empresarios alicantinos tienen otro nuevo frente por la demanda que han presentado los trabajadores de la antigua patronal autonómica, Cierval, ya liquidada. Un grupo de ellos exige que se reconozca sucesión empresarial entre Cierval y la CEV -lo que obligaría a ésta a hacerse cargo de las indemnizaciones que la primera no les pagó-, pero también ha incluido a la CEC castellonense y a Coepa, al considerar que todas ellas formaban un mismo grupo empresarial, lo que podría acarrear consecuencias, si el juez les da la razón. Desde Alicante, eso sí, confían en que las posibles responsabilidades queden circunscritas a la CEV, que es quien se ha atribuido el papel de nueva patronal autonómica.
Por si el enredo no fuera suficiente, Coepa también sigue pendiente de la decisión que debe adoptar la Audiencia Patronal sobre la causa penal, en la que el Servef le acusa de desviar casi dos millones de fondos públicos por haber recibido subvenciones para unas obras -las del centro de oficios- que se financiaron con una hipoteca del banco del Consell, el IVF. La Generalitat considera incompatible esta doble financiación pública pero los empresarios señalan que todo fue legal y que nadie se llevó dinero, que todo está invertido en el edificio. El Juzgado de Instrucción número 9 de Alicante, siguiendo el criterio del fiscal, archivó la causa sin tan siquiera analizar el fondo, al considerar que las posibles irregularidades habían prescrito pero la abogacía de la Generalitat recurrió el archivo, a pesar de que desde la Conselleria de Economía habían asegurado públicamente que no lo harían. Sea como sea, la reapertura de la causa supondría un golpe importante para Coepa.
En cualquier caso, en la patronal no parecen dispuestos a arrojar la toalla y, aunque el cansancio empieza a hacer mella entre sus responsables, ya analizan todas las alternativas posibles para seguir adelante. Habrá que ver si lo consiguen.
