Verano caliente en las calles españolas con la economía colaborativa en el centro del debate. Los taxistas elevan el tono de las protestas en ciudades costeras como Málaga ante la aparición de competencia en forma de plataformas tecnológicas como Cabify, que pone en contacto a pasajeros con conductores profesionales.
En los grandes centros urbanos, prende la mecha de la «turismofobia» ante la proliferación de viviendas vacacionales que tensan la convivencia con los residentes habituales. Y mientras tanto, la Unión Europea reclama a las autonomías españolas que dejen de poner trabas a estos fenómenos de la nueva economía.
La Comisión Europea, en su reciente informe sobre España en el que analiza los desequilibrios macroeconómicos, alerta de los problemas que se encuentran estas plataformas como Uber, en el transporte, o Airbnb, referencia del alquiler vacacional, en un mercado español con disparidad de normativas en cada autonomía. «El desarrollo de la economía colaborativa se ve frenado por la estricta regulación existente en algunas comunidades», señala el informe de Bruselas.
«El enfoque regulador aplicable a las empresas de economía colaborativa, en particular en lo que respecta al acceso del mercado, difiere de una comunidad a otra, lo que en algunos casos impide que la economía colaborativa haga realidad su potencial crecimiento y malogra oportunidades de mercado tanto para los consumidores como para los empresarios», señala. Además, «la reglamentación adoptada por algunas comunidades autónomas sobre las actividades de la economía colaborativa puede ser contraria al espíritu de la Ley de Garantía de la Unidad de Mercado y otras leyes por las que se incorpora la directiva de servicios (de la UE)», concluye el informe de la Comisión.
Multas y tasas contra la web
La Comunidad Valenciana está siendo escenario de algunos de estos conflictos entre la administración y las nuevas plataformas que han desconcertado a sectores regulados, como el del taxi, o con una estructura tradicional, como la industria hotelera. Una de las posiciones más contundentes la ha adoptado la Agencia Valenciana de Turismo, que tras año y medio tratando de negociar con estas plataformas (Airbnb, Homeaway, etc.) ha pasado a una actitud sancionadora. Desde principios de este año se ha producido una cascada de sanciones a hasta siete plataformas que comercializan pisos particulares con fines turísticos. Además, hace pocos días el presidente Puig y el presidente de la AVT, Francesc Colomer, anunciaron otros siete expedientes a las web por incluir en su oferta apartamentos ilegales. Es decir, aquellos que no están apuntados en el registro de viviendas turísticas de la Generalitat.
En línea con las posiciones de la Comisión Europea, las autoridades de la competencia se oponen a este requisito. Según un informe de la Comisión de Defensa de la Competencia de la Comunidad, esta condición del Consell para operar en el mercado del alquiler vacacional «equivale a un régimen de autorización para el ejercicio lícito de la actividad» y restringe la libertad de empresa.
En el ámbito del transporte colaborativo, el Estado y las autonomías están poniendo barreras al avance de plataformas como Uber y Cabify, que compiten en un sector ocupado por el taxi hasta la fecha. La Generalitat, por ejemplo, tiene paralizada la concesión de licencias VTC, de alquiler de coches «con conductor, y cuyos titulares se apoyan en estas aplicaciones para encontrar pasajeros.
Todo el sector está a la espera de una sentencia del Supremo que unifique doctrina sobre si se pueden o no conceder nuevas licencias. Sin embargo, el propio tribunal de Justicia de la UE ha emitido varios pronunciamientos que avalan la prohibición por parte de los Estados de la primera versión de Uber, en que funcionaba con conductores no profesionales. Es el segundo pronunciamiento de un abogado del TJUE, que ya dictaminó que Uber opera no como intermediaria (plataforma digital), sino como empresa de transporte, y por tanto se le puede exigir licencias.
