Coepa aprobó ayer en su comité ejecutivo el cierre de las cuentas de 2013, como paso previo la junta directiva del próximo viernes y la posterior asamblea general, con un balance final que arroja un saldo con unas pérdidas de 613.860 euros, según reconocieron fuentes oficiales, que, no obstante, destacaron que «es menos de una tercera parte de las que sufrió la confederación en el ejercicio 2012». De hecho, desde la cúpula se parapetaron en esto y aseguraron que «en esta disminución de pérdidas han tenido un papel relevante la intensa reducción de los costes y el progresivo ajuste de la estructura al nuevo modelo de organización empresarial que se impulsa desde los órganos de gobierno». Por lo que hace a las cuentas para 2014, prevén un desfase de unos 37.000 euros. A pesar de ello, en esta ocasión, la polémica saltó porque el vicepresidente estatutario y dirigente de las pymes, Cristóbal Navarro, trató de tomar la palabra para volver a pedir la causa de disolución legal, denunciar la opacidad e incluso verter acusaciones de «manipulación» de la información que da el sector más próximo a Moisés Jiménez. Al final, se le cortó su intervención y sólo se le dijo que enviara por escrito sus apreciaciones para incorporarlas a posteriori en el acta.
Además, se dio el visto bueno a una oferta de compra del edificio de Ruperto Chapí «que han realizado unos inversores», se limitaron a decir desde Coepa, por 2,3 millones de euros, aunque parece que ese fondo ya ha entregado una cantidad a cuenta, según se dijo durante el comité. Ahora la propuesta pasará por la junta del viernes. «Si se aprueba de forma definitiva esta operación, la confederación obtendría unos ingresos que le permitirían mejorar notablemente su situación financiera», apuntaron desde Coepa.
