La cifra de trabajadores alicantinos afectados por un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) se redujo un 17,7% durante los primeros cinco meses del año, en lo que ya supone el quinto ejercicio consecutivo en que se reduce la utilización de esta figura, que se disparó tras la reforma laboral aprobada por el Gobierno en 2012. De esta forma, se confirma que las empresas han dejado atrás los ajustes de personal que utilizaron masivamente para capear los efectos de la crisis y, por el contrario, la mayoría opta en estos momentos por mantener o, incluso, incremetar sus plantillas.

Según las estadísticas oficiales del Ministerio de Empleo, entre enero y mayo de este año sólo 347 asalariados de la provincia sufrieron las consecuencias de algún tipo de ERE frente a los 422 del mismo periodo de 2016. Una cifra que se sitúa, incluso, por debajo de las que se daban antes de la crisis.

Eso sí, la parte negativa es que este descenso se concentra en los expedientes de regulación temporales -los que suponen la suspensión de los contratos de los trabajadores durante un periodo acotado- y en los de reducción de jornada, donde el número de afectados pasa de 264 a 188. Por el contrario, la cifra de afectados por ERE de extinción -despidos colectivos- sube ligeramente de 158 a 159, con respecto al año pasado.

Datos nacionales

Si el descenso a nivel provincial ha sido significativo, la evolución de los datos nacionales todavía es más positiva. Así, el número de trabajadores afectados por expedientes de regulación de empleo autorizados por las autoridades laborales o comunicados a las mismas bajó un 38,4% en los cinco primeros meses a nivel nacional, hasta sumar 25.167 afectados.

Las empresas inmersas en un procedimiento de regulación de empleo disminuyeron un 39,4% entre enero y mayo, hasta un total de 1.294, en tanto que los expedientes se redujeron un 36,8%, hasta 1.651 procedimientos.

Por tipo de procedimiento, el número de trabajadores afectados por despidos colectivos retrocedió un 13,1% en tasa interanual, hasta sumar 9.652 trabajadores. Las suspensiones de contrato afectaron a 12.435 trabajadores, un 51,5% menos, al tiempo que los afectados por expedientes de reducción de jornada bajaron un 25,4%, hasta los 3.080 trabajadores.

Del total de procedimientos registrados hasta mayo, el 88,6% contaban con acuerdo entre las partes. Buena parte de los trabajadores afectados por ERE autorizados/comunicados en los cinco primeros meses provenían de los servicios (12.290), con un descenso del 15,2% respecto al año anterior, y de la industria, que recortó un 53,1% la cifra de trabajadores afectados, hasta sumar 10.612. En la construcción, los afectados totalizaron 1.788 (-35,6%) y en la agricultura, 477, cifra un 51,6% inferior a la de enero-mayo de 2016.

Motivos económicos

De los 25.167 trabajadores afectados por ERE en los cinco primeros meses del ejercicio, el 56,9%, esto es 14.339 trabajadores, se vieron envueltos en un procedimiento por causas económicas. Dentro de este apartado, los procesos en los que las empresas alegaron pérdidas actuales afectaron a 11.003 trabajadores, mientras que la disminución del nivel de ingresos o de las ventas afectó a 2.175 empleados.

La previsión de pérdidas utilizada por las empresas para justificar un ERE afectó a 146 trabajadores, mientras que 42 trabajadores se vieron implicados en un ERE del sector público alegándose como causa la insuficiencia presupuestaria.

Por otro lado, los trabajadores afectados por ERE de causas técnicas sumaron 1.074 personas, los afectados por causas organizativas totalizaron 2.292, los de producción ascendieron a 7.071 y los de fuerza mayor, a 391.