Después de cinco años de investigación judicial y de casi una veintena de sesiones de vista oral, el juicio contra la última cúpula de la CAM juicio CAM ha quedado visto para sentencia con un acusado menos de los ocho con que comenzó y el reto para el tribunal de resolver si la gestión de los exresponsables de la caja encausados en este proceso merece o no castigo penal.
Una decisión para la que los magistrados Ángela Murillo, Paloma González y Juan Francisco Martel, este último ponente de la sentencia, más que de declaraciones, van a tener que echar mano de una profusa prueba pericial en la que ha destacado, por su contundencia, el informe de los peritos del Banco de España que se encontraban en la caja cuando detectaron y denunciaron los hechos que dieron lugar a esta causa.
De boca de José María Ruiz, un funcionario con aspecto de bonachón incorruptible, en la sala se han escuchado afirmaciones como que «el departamento de Riesgos era una mera comparsa del comercial cuando tenía que haber sido el abogado del diablo». La gráfica de que «cuando había ponche para todos hubo quien tomó una copa, unos se emborracharon y otros (en alusión a la CAM) acabaron cirróticos». O la rotunda de que las prácticas que llevaron a la entidad a la agónica situación en que se encontraba cuando fue intervenida, con liquidez para apenas dos meses, «no se entiende sin las órdenes del principal ejecutivo».
Pero no han sido los únicos. Peritos ha habido también que no sólo han ratificado esta operativa sino que han ido más allá. Tal es el caso de Germán López Espinosa, cuya intervención fue tan letal para los acusados como rentable para quien le contrató, el exdirector de Financiación Salvador Ochoa, exculpado en medio del proceso al retirar los cargos contra él todas las acusaciones.
Por si había dudas, el economista alicantino relató con convicción ante el tribunal cómo la caja simuló una reducción de la morosidad pagando a quien, sobre el papel, se presentaba como inversor. Las famosas titulizaciones. Un término que a buen seguro alguno de los intervinientes en este proceso tuvo que buscar en la Wikipedia antes de meterse en faena, omnipresente en este procedimiento y con las que el fiscal Luis Rodríguez Sol sostiene que los acusados no sólo falsearon la imagen real de la entidad sino que se sirvieron de ello para cobrar más de lo que debían.
La participación de cada uno de los encausados en estas actuaciones, a las que hay que sumar unas reclasificaciones de créditos también bajo sospecha, es otra de las tareas en las que tiene que emplearse un tribunal que ha sido testigo de la cantinela casi unánime del «yo no he sido, habrá sido otro».
De esta guisa se ha intentado quitar de en medio el expresidente Modesto Crespo. «Él cumplía con su función institucional. Lo que ocurriera después, para bien o para mal, es responsabilidad de la dirección general», dijo su abogada Adriana de Buerba en el alegato final.
«Mi cliente informó de que las titulizaciones llevaban una opción de compra, lo que hicieran otros es responsbilidad suya», dijo el letrado José María Ruiz, quien puso tanto ahínco en defender al exdirector de Riesgos Francisco Martínez como en atacar a las que han sido sus bestias negras en este proceso: Teófilo Sogorb y, especialmente, Salvador Ochoa. Ambos, como responsables de la contabilidad, han reiterado que nada sabían de esa puerta giratoria por la que la basura que supuestamente salía de la caja se quedaba en realidad bajo la alfombra pagando encima por ello.
Proceso al Banco de España
Pero si en este proceso ha habido un «Otro» (con mayúscula) ha sido sin duda el Banco de España. En su estrategia de defensa, los acusados han arremetido contra el organismo supervisor, al que han acusado de poner a la caja en la picota, de dar directrices que después censuraba y de lanzarla al precipicio con malas artes. En estos ataques, en intentar desacreditar a peritos, auditores, al FROB y hasta en cuestionar ante la sala si la normativa contable que se ordenaba aplicar era o no la correcta han buscado su exculpación, entre otros, los dos exdirectores generales, Roberto López Abad Roberto López Abady María Dolores Amorós, en un claro intento de que, sin estar, el Banco de España ocupara un lugar junto a ellos en el banquillo de los acusados. Junto o en vez de.
Una pretensión acerca de la que el tribunal tendrá también que pronunciarse al igual que sobre si la participación en estos hechos del ex director de Recursos Vicente Soriano y del subordinado de Martínez Juan Luis Sabater fue tan tangencial como ha sido su protagonismo en la vista.
Acerca de eso y, en caso de sentencia condenatoria, sobre quién debe indemnizar a aquellos ahorradores que compraron cuotas de una caja que creían boyante cuando iba a la deriva. La Fundación CAM sostiene que lo que falte de los 25 millones que ya ha consignado la aseguradora Caser (en virtud de una póliza suscrita por la emisión de las participadas) lo ponga quien se llevó la caja por un euro. Pero el Sabadell no está por la labor en un proceso en el que, paradójicamente, se pide que sea resarcido por el daño que pudo provocar la actuación de los acusados en detrimento del Fondo de Garantía de Depósitos. Un organismo que, a la postre y sea o no dinero público, desembolsó 5.249 millones para que el banco catalán se llevara la CAM limpia de polvo y paja.
