La Confederación Empresarial Valenciana (CEV) presentó ayer un informe en el que cifra en 21.530 millones de euros la inversión necesaria durante los próximos diez años para mejorar y actualizar las infraestructuras de la Comunidad Valenciana que los empresarios consideran prioritarios. Unas dotaciones que la patronal presidida por Salvador Navarro plantea que se ejecuten en un 35% mediante la colaboración público-privada y cofinanciadas por el Gobierno central y la Generalitat, cuyo presidente, Ximo Puig, recibió ayer de primera mano el documento en el transcurso del comité ejecutivo de la CEV al que asistió.

En este sentido, Puig señaló que la propuesta de los empresarios puede ser «un buen motor de arranque» para conseguir «un gran pacto valenciano de infraestructuras», que permita planificar las inversiones más allá de la duración de una legislatura, es decir, sin depender de quién ocupe el Gobierno. Un objetivo para el que quiere reunirse con el resto de formaciones políticas. Igualmente, desde la CEV también anunciaron que el informe se trasladará al delegado del Gobierno, los grupos parlamentarios de las Cortes y los representantes valencianos en el Congreso de los Diputados.

El documento contempla hasta 317 actuaciones concretas, agrupadas en siete grandes bloques: agua, energía, infraestructuras y equipamientos sociales, transportes, medioambiente, urbanismo y mantenimientos. Según explicó la patronal valenciana, el informe ha sido desarrollado «en el seno de un grupo de trabajo constituido en la CEV integrado por representantes de la Federación de Empresas de la Comunidad Valenciana Contratistas de Obras de la Administración (Fecoval), la Federación de Empresarios de la Construcción (Fevec) y la Cámara de Contratistas». Además, especifica que «se ha contado con aportaciones de la administración autonómica y central, de las autoridades portuarias de la Comunidad, de Red Eléctrica Española e Ineca».

En el caso de las propuestas de Alicante, la mayoría de las actuaciones más significativas que plantea coinciden con las que ya incluyó Coepa en un informe similar que realizó para la entonces patronal autonómica Cierval y que se difundió a los medios el pasado mes de noviembre. En ocasiones, incluso las cantidades en que se presupuestan los trabajos son iguales, aunque en otras hay variaciones.

Así, ocurre por ejemplo con las obras de la margen izquierda del postrasvase Júcar-Vinalopó, a las que ambos documentos destinan 44 millones; los 20 millones en que cifran la reparación del embalse de San Diego; o los casi 13 millones necesarios para ampliar la desalinizadora de Xàbia.

En el apartado de infraestructuras ferroviarias, más allá de los 6.000 millones que ambos informes consideran necesario destinar al Corredor Mediterráneo en toda la Comunidad, también coinciden en la necesidad de que el tren llegue al Puerto de Alicante, con ramales a Crevillent y a Torrellano.

Igualmente, apuestan por el tren de la costa entre Alicante y Valencia, una nueva línea a la que Coepa planteaba destinar 862 millones en tres fases, y en la que CEV prevé 955 millones en cuatro fases. Si se suprime la de Gandía con la estación provisional de Oliva, las cifras vuelven a coincidir casi exactamente.

También abogan ambos documentos por reutilizar el trazado ferroviario tradicional que ha quedado liberado con la puesta en marcha del AVE para el transporte de mercancías aunque, en este caso la CEV presupuesta en 130 millones los trabajos necesarios y Coepa lo elevaba a180. Otra discrepancia es la inversión necesaria para electrificar las cercanías entre Alicante y Murcia (300 millones el informe de la patronal alicantina y 400 el de la valenciana); o para la conexión de AVE desde el aeropuerto hasta Benidorm (600 y 650 millones, respectivamente), proyectos que vuelven a repetirse en las dos propuestas.

Las cifras vuelven a ser las mismas en las principales reivindicaciones en el ámbito de las carreteras, donde los dos informes reclaman 100 millones para el tercer carril de la A7 desde Sant Joan al aeropuerto o 59 millones para conectar Calp con la AP7.

Ahora sólo falta que también las administraciones coincidan en la necesidad de todos estos proyectos.