Los abogados de los dos últimos directores generales de la CAM, Javier Boix por Roberto López Abad y el exfiscal Carlos Saiz por María Dolores Amorós, coincidieron ayer en su estrategia de defensa en arremeter contra el Banco de España, en negar que se alterara la imagen fiel de la caja, en incidir en la falta de pruebas que incriminen a sus clientes y en llamar la atención sobre el hecho de que se diga que los acusados engañaron al consejo de administración y no se haya llamado a declarar a los consejeros. Tras consumir la jornada del lunes con las acusaciones, ayer arrancaron las defensas con sus informes en esta recta final del juicio a la última cúpula de la entidad por el supuesto falseo de las cuentas y el cobro de retribuciones indebidas en el que los siete acusados se juegan condenas que, de media, rondan los siete años de prisión.
Boix comenzó su extensa intervención cuestionando la credibilidad de los peritos del Banco España («los mismos que denunciaron y que instruyeron el expediente sancionador son los que han venido a declarar aquí cuando deberían ser ajenos a los hechos», dijo) y hasta la normativa que debía aplicarse en la gestión financiera: si la europea, que defendió, o la del organismo supervisor español que, según dijo, conllevó una minusvaloración de los activos de la CAM en unos mil millones.
Dicho esto, el penalista valenciano quiso saber por qué si se está manteniendo que los acusados engañaron al consejo de administración de la caja con las cuentas, a ninguna acusación se le ha ocurrido llamar a declarar a sus miembros, «que ahora deben estar en la playa de Alicante». Unos consejeros, agregó, que, «en contra de lo que se pretende hacer ver, no eran todos unos palurdos; había gente preparada, como empresarios o catedráticos de Economía», apuntó en alusión a Martín Sevilla.
«¿Por una minucia?»
El abogado definió a su cliente como «un profesional con una dilatada carrera profesional a lo largo de sus 40 años en la CAM, donde comenzó como botones, y con una reputación y un patrimonio que procede de sus ingresos. ¿Alguien puede pensar que va a poner en juego todo eso por una minucia?», se preguntó ante la acusación de que el amaño de las cuentas permitió un incremento de las retribuciones al cuadro directivo.
Tras insistir en que López Abad dejó la CAM a finales de 2010, Boix añadió que las cuentas de ese año «se cerraron con un colchón de 1.277 millones que hubieran paliado cualquier necesidad». Y reiteró que «la caja cumplió con los requirimientos del Banco de España, que después dijo que esas cuentas eran falsas».
El abogado también tuvo palabras para los auditores de la CAM, de los que afirmó que «carecen de rigor» , y negó que se ocultaran las opciones de compra con las que vendían los títulos fallidos (las titulizaciones). Unas operaciones con las que supuestamente se engordaron ficticiamente los números, pero que su cliente «ni ordenó ni diseñó», precisó.
Tampoco el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) salió muy bien parado en la intervención de Boix. Citando a la auditora KPMG, aseguró que los administradores provisionales de la CAM tras su intervención por el Banco de España se dedicaron más a buscar un inversor (por el Sabadell) que en gestionar su cartera crediticia. En cualquier caso, el abogado desvinculó a su patrocinado de todos y cada uno de los hechos por los que está acusado, y pidió para él la absolución.
«La mala gestión no es delito»
En la misma línea discurrió la defensa de María Dolores Amorós cuyo letrado planteó la conveniencia de que procesos como éste se resuelvan en el ámbito sancionador más que en el penal.
Duro también en sus ataques al Banco de España, Saiz señaló que «la mala gestión no es delito» y que si los hechos que se están juzgado hubieran ocurrido en un teatro en vez de en la CAM, «el Banco de España estaba en primera fila, apuntando a los actores o quizá hasta en el escenario». Coincidió con su colega en que en esta caja se anticiparon en dos años las exigencias para la rehabilitación de créditos (otra de las operativas bajo sospecha) y en que ni éstas ni las titulizaciones influyeron en la imagen real de la entidad.
El exfiscal dedicó buena parte de su informe en remarcar que su clienta carecía de competencias para las acciones que se le atribuyen: apenas fue unos meses directora general, siempre estuvo a las órdenes de López Abad y su rango era el de un director más. Nada que ver, por tanto, con las titulizaciones ni con el aumento de retribuciones máxime cuando, según enfatizó el letrado, la primera medida que tomó cuando accedió a la dirección general fue rebajar los incentivos.
Saiz insistió también en que Amorós «no se llevó nada», en que «no tuvo posibilidad alguna de evitar lo que ocurrió» y en que «todo esto hay que valorarlo en el contexto en el que se produjo: en plena crisis, cuando había que tomar decisiones rápidas».
El abogado también aludió al exdirectivo Salvador Ochoa, excluido desde ayer del proceso tras retirar los cargos contra él todas las acusaciones, a quien se refirió como «un quintacolumnista, un acusador disfrazado de acusado». Y a su perito, «que más que de la defensa, era de la acusación. Sobre este tema, Boix llegó a apuntar la existencia de un «pacto silente o un milagro sobrevenido».
