De «demenciales» y «carentes de todo sentido» calificó ayer el inspector del Banco de España Ángel Regúlez las operaciones con las que las acusaciones sostienen que se engordaron artificialmente las cuentas de la CAM: la famosas titulizaciones con las que la entidad supuestamente se desprendía de créditos fallidos y reducía su tasa de morosidad, pero que llevaban incorporada una opción de recompra que hacían que, de hecho, la caja no se librara del riesgo. Esos calificativos se escucharon en la sesión de ayer, la duodécima del juicio que se está celebrando en la Audiencia Nacional a la cúpula de la ya desaparecida caja de ahorros y la segunda dedicada en exclusiva a las práctica de la prueba pericial conjunta que ha reunido en un mismo acto a ocho peritos: tres designados por el juzgado, uno de ellos a propuesta del exdirector general Roberto López Abad, y el resto a instancia de las partes.
El inspector, que en este proceso interviene como perito judicial, llamó la atención sobre el hecho de que en estas operaciones la CAM realmente pagaba para desprenderse de esos préstamos con lo que, explicó, se daba el sinsentido de que el supuesto comprador cobraba de la caja en vez de invertir en ella. Una idea a la que ya se había hecho alusión en la sesión del martes pero que ayer casi monopolizó las comparecencias periciales. «¿Tiene esto algún sentido?», preguntó el funcionario ante el tribunal que preside Ángela Murillo en el momento en que estaba respondiendo al abogado del exdirector general de Inversiones, Francisco Martínez, artífice de estas operaciones.
«Radicalmente falsas»
La intervención de Regúlez, la más contundente de estos dos días en los que ha ratificado sin ambages las conclusiones a las que llegaron sus compañeros del Banco de España y que dieron pie a este proceso penal, se sumaba a las manifestaciones que poco antes había realizado Germán López, el perito contratado por el exdirector de Información Financiera, Salvador Ochoa. López aseveró que estas operaciones eran además «radicalmente falsas».
Tras un profuso estudio de la documentación donde se recogían los detalles de las supuestas transacciones, el perito explicó que «según las transferencias facilitadas por el Sabadell, no hubo inversión alguna. No había nadie que comprara, sólo alguien a quien se pagaba para que figurara como inversor».
Unas manifestaciones que vino a rematar Javier López, de PwC, quien puso la puntilla al asegurar que esos créditos fallidos «fueron dados de baja incorrectamente de los balance», lo que «generó unos beneficios artificiales» y, a la larga, un retraso en el reconocimiento de la morosidad. Algo que, unido «al deterioro profundo y no previsto de la economía en 2011 que afectó de forma especial al sector promotor», una de las carteras principales de la caja, provocó lo que a la postre fue el fin de la entidad.
Porque aunque después se intentó matizar, lo cierto es que todos los peritos reconocieron que en el primer semestre de 2011 la CAM arrastraba 1.163 millones de pérdidas cuando se habían declarado unos beneficios de 58. Fue el abogado de Fondo de Garantía de Depósitos (FGD), Carlos Gómez-Jara, quien planteó la pregunta conjunta de si alguno de los allí presentes podía desacreditar los número del Banco de España, a lo que todos respondieron negativamente. Un desfase que la mayoría sostuvo que alteraba la imagen fiel de la entidad, conclusión con la que mostró en desacuerdo Rubén Manso, el perito designado por el juez a instancia de López Abad. El experto protagonizó un agrio enfrentamiento con la presidenta, quien a lo largo de estas dos jornadas le ha llamado la atención en reiteradas ocasiones por no atenerse a sus indicaciones. Manso se quejó de indefensión a lo que la magistrada le respondió que sólo pueden alegarla las partes, que no era su caso.
El perito, contra quien Diego de Ramón, el abogado de los afectados por las cuotas, anunció acciones por falso testimonio, defendió que «hubo ajustes positivos» por las titulización que no se registraron en las cuentas y mantuvo que todos en la caja estaban al corriente de estas operaciones. Una afirmación que por la tarde rebatió el perito de Ochoa al desvelar que estos contratos llevaban una cláusula de confidencialidad.
Sobre la supuesta buena salud financiera de la CAM también se manifestó el abogado de la exdirectora general María Dolores Amorós al afimar que el Sabadell reconoció unos beneficios de 900 millones nada más comprar la caja, «con lo que tan mal negocio no era», apostilló.
