Se acabó el tiempo. A partir de mañana más de 2.500 empresas alicantinas deberán adoptar el nuevo sistema de gestión del IVA que, entre otras cosas, les obligará a remitir a la Agencia Tributaria sus facturas en un plazo máximo de cuatro días, aunque, excepcionalmente, hasta final de año podrán hacerlo cada ocho días. Una concesión que, en cualquier caso, parece insuficiente, tanto para la Asociación Profesional de Asesores Fiscales de la Comunidad, como para las principales patronales, que alertan de que numerosas firmas no han tenido tiempo de adaptar sus procesos ni de actualizar los programas informáticos necesarios para esta tarea, y reclaman una prórroga. Hacienda, de momento, ha dicho que no.

El objetivo de este nuevo sistema -que la Agencia Tributaria denomina de Suministro Inmediato de Información (SII)- no es otro que combatir de manera más eficaz el fraude y evitar, por ejemplo, las tramas de facturas falsas o la posibilidad de las compañías no declaren una parte de sus ingresos. Y no sólo porque la remisión cada cuatro días de las facturas dificultará la tarea de llevar una contabilidad «B» a los defraudadores, el nuevo sistema también facilita los cruces de datos y permite detectar más fácilmente las incongruencias entre la información que entrega una compañía y la que facilitan, por ejemplo, sus clientes y proveedores.

Unos objetivos con los que, en principio, todos están de acuerdo. El problema viene porque las empresas no han tenido tiempo suficiente para adaptarse y realizar las pruebas pertinentes -las regulaciones concretas del nuevo sistema de gestión del IVA no se publicaron hasta el 15 de mayo- y, sobre todo, porque para muchas de ellas va a suponer un importante aumento de las cargas administrativas, según denuncia el vicepresidente de la Asociación Profesional de Asesores Fiscales de la Comunidad Valenciana, el alicantino Francisco Soler. «Vamos a tener que hacer la contabilidad en directo», asegura muy gráficamente el experto, que recuerda que muchas pymes tienen delegadas estas gestiones tributarias en asesorías y gestores externos, ya que carecen de personal propio para realizarlas, lo que supone un obstáculo más.

Los contribuyentes obligados a pasarse a este al SII son todas aquellas empresas que facturen más de seis millones de euros y las que formen grupos societarios a efectos del IVA, que suponen unas 1.100 compañías en la provincia, según la información facilitada por Soler. A éstas hay que sumar las empresas acogidas al Régimen de Devolución Mensual de este tributo (Redeme) -entre las que se encuentran muchas pymes que exportan sus productos-, que en Alicante suponían unos 1.700.

No obstante, en este último caso la Agencia Tributaria abrió un periodo voluntario para que aquellas firmas que así lo quisieran pudieran salirse del Redeme y evitar el nuevo IVA, lo que redujo la cifra aproximadamente un 10%, hasta una horquilla de entre 1.500 y 1.550, según las propias estimaciones de Hacienda, citadas por el responsable de la Asociación Profesional de Asesores Fiscales. «La posibilidad de que se produzcan errores se multiplica y, con ellos, las posibles sanciones», advierte Soler.

Unas multas que también temen los empresarios. «Deberían haber hecho una aplicación más progresiva, empezando por 15 días o algo más razonable», apuntaba ayer el presidente de Coepa, Francisco Gómez, que confió en que Hacienda no se muestre excesivamente dura con las multas hasta que el sistema esté asentado. «La mayoría de las empresas afectadas siguen sin estar preparadas, es una barbaridad. Nos piden que asumamos cada vez más trabajo y, por si fuera poco, si Hacienda se equivoca no pasa nada, pero si son los contribuyentes, a pagar», señaló, por su parte, el presidente de Cepyme Alicante, Cristóbal Navarro.

Programas sin desarrollar

Desde la propia CEOE solicitaron a principios de mes una prórroga en la entra en vigor del nuevo IVA, que el Gobierno ha rechazado. La patronal advierte de que hay, incluso, desarrolladores de importantes programas de contabilidad -algunos de ellos, de los más utilizados por las empresas españolas- que ya han alertado de que no tendrán las actualizaciones necesarias preparadas hasta el otoño. También destacan los problemas que tendrán las firmas dedicadas a la distribución comercial, que emiten millones de facturas anuales.