Los empresarios alicantinos se rascarán el bolsillo para mantener a flote a Coepa, al menos mientras se despeja su futuro y su posible encaje en la patronal autonómica. A la espera de si será necesario recurrir a una derrama con todas las de la ley para hacer frente a las deudas que aún tiene pendientes del concurso de acreedores -los pagos a los antiguos trabajadores y al Fogasa, o los reintegros que le reclama el Consell-, la asamblea de la patronal alicantina aprobó ayer por unanimidad una subida temporal de las cuotas de sus asociados para compensar, aunque sea en parte, que no recibirán las ayudas que habían previsto de la Ley de Participación Institucional. Es decir, las subvenciones que concede el Consell a sindicatos y organizaciones empresariales por su trabajo en distintos foros públicos y que sólo se destinan a asociaciones autonómicas.
De esta forma, los miembros de Coepa pasarán de abonar 80 euros mensuales por vocalía a 100 euros durante este año y el próximo, lo que supone un incremento del 25%. Pero, además, también acordaron adelantar estos pagos, de manera que en julio ingresarán todas las cuotas del tercer trimestre y en octubre, las del cuarto. Con estos cambios, la recaudación por cuotas de la patronal alicantina pasaría de unos 160.000 euros a 200.000, lo que le permitiría situar sus ingresos totales en unos 350.000 euros, si se tienen en cuenta las ayudas que sí recibe de la Diputación, los pagos por participar en el Tribunal de Arbitraje Laboral y otros ingresos procedentes de la CEOE. Una cantidad suficiente para conseguir un ligero superávit de 30.000 euros que le permitirían atender parte de los pagos del plan de viabilidad y renegociar otros.
En definitiva, como admitía el presidente de Coepa, Francisco Gómez, al finalizar el encuentro, «se trata de ganar tiempo hasta saber si es posible la integración con la CEV o si se busca otra solución que nos permita continuar en solitario». Hasta la fecha, cabe destacar que la confederación alicantina ha sido capaz de afrontar todos los pagos que previstos en el plan aprobado por el juzgado.
Sobre la incorporación a la CEV, Gómez se mostró dispuesto a «negociar hasta la extenuación, si es necesario» pero insistió que sólo aceptarán incorporarse a la nueva patronal autonómica que promueve Salvador Navarro si se respeta la cuestión territorial y Coepa obtiene una representación «digna» en su asamblea general, acorde al peso que tiene la provincia en la Comunidad.
Al respecto, Gómez volvió a defender la propuesta que los miembros de la CEV rechazaron de plano la pasada semana y que, en su opinión, podría haber sido «una buena solución para todos». El planteamiento pasaba por que Coepa asumiera el pago de 100 vocalías en la nueva autonómica de forma que, en la práctica, le transfiriera la mayoría de sus ingresos por cuotas pero obtenía una presencia más que notable en la nueva asociación. A cambio, CEV debía hacerse cargo de sus gastos ordinarios y de los pagos de su plan de viabilidad. «Es lógico que si les pasábamos buena parte de nuestros ingresos también quisiéramos que asumieran los gastos», señaló el presidente de los empresarios alicantinos quien, no obstante, dejó claro que el acuerdo no incluía «reclamaciones futuras». «O bien no nos hemos hecho entender, o bien no nos han querido entender ya que parece que la idea siempre ha sido otra», denunció Francisco Gómez durante su informe a los socios de Coepa de ayer.
Defensa del ámbito provincial
Lejos de los concurridos cónclaves de antaño, ante los alrededor de 30 asistentes a la asamblea ordinaria de la confederación alicantina -hubo bastantes votos delegados y algunas ausencias notables, como Hosbec o Fempa-, Gómez llamó a los empresarios a cerrar filas para defender la autonomía de la entidad provincial frente a los intentos de imponer el ámbito autonómico y acusó a la CEV de forzar la sustitución de Cierval «por encima de todo y de todos» y «sin contar con nadie».
También recordó que acaban de encontrar un nuevo aliado en su reivindicación del ámbito provincial, una vez que la CEC castellonense ha decidido que luchará por sobrevivir, a pesar de la investigación por fraude en la que se encuentra sumida, como consecuencia de la gestión de sus anteriores responsables.
Por último, Francisco Gómez acusó a la Generalitat de actuar con «inquina» contra Coepa al plantear «determinadas iniciativas judiciales extemporáneas» -la demanda penal por el supuesto desvío de las ayudas para el centro de oficios, que el juzgado archivó por haber prescrito los hechos-, y también por su demora en asumir la titularidad de este mismo inmueble, sobre el que pesa una hipoteca del Instituto Valenciano de Finanzas. La tardanza obliga a la patronal a costear su mantenimiento, un gasto que no tenía previsto.
