Aseguraron que tenían «apariencia de legalidad» pero, aún así, los inspectores del Banco de España que fiscalizaban la gestión de la CAM decidieron poner las retribuciones de sus directivos en conocimiento del equipo jurídico de organismo regulador para su análisis. Sin afirmar en ningún momento que se estuviera incumpliendo la ley, los funcionarios, que ayer concluyeron su declaración ante el tribunal de Audiencia Nacional que esté enjuiciando a la última cúpula de la caja por el falseo de las cuentas, sí apuntaron que vieron «elementos anómalos».
Los peritos realizaron estas afirmaciones a preguntas del abogado de quien fuera director de Recursos Humanos de la entidad, Vicente Soriano, acusado también en este proceso, pese a que el vapuleo que los inspectores le dieron a las defensas durante la sesión anterior aconsejaba haberse quedado callado.
Jose María Ruiz, el inspector que estaba encargado de la CAM, explicó que todas las retribuciones seguían los cauces establecidos en cuanto a su aprobación pero que la duda era el modelo que se utilizaba para fijarlas.
En cualquier caso, el funcionario aseveró que «los directivos tenían unas condiciones que estaban muy por encima de las del resto de plantilla, unas condiciones excepcionales», puntualizó. Y aseguró que le sorprendió que todos tuvieran contratos ordinarios en vez de alta dirección, donde se fijaran expresamente sus cometidos y su sueldo.
Ruiz continuó explicando que que le «alarmó» comprobar que las dietas que se pagaban en la caja de ahorros no las aprobaba la asamblea y se refirió también a la práctica de los abonos en este concepto a través de las empresas participadas en las que, a diferencia de los ocurría en la caja, no existía limitación alguna.
Inspección y corrección
En cuanto a la corrección a la baja que se hizo de la Prestación Adicional Asegurada, una especie de pensión con la que los directivos buscaban asegurarse una jubilación sin sobresaltos, el inspector apuntó que «lo extraño no es que devolviera el exceso sino que el cálculo estuviera tan mal hecho».
Abundando en este tema, por el que también se interesó el abogado de Soriano, el funcionario del Banco de España explicó que fue la propia caja la que se dio cuenta del exceso de la prestación pero destacó el hecho de que «se rectificara el importe coincidiendo con unas actuaciones inspectoras que habíamos comenzado».
El funcionario añadió que en 2011 habían empezado «un proceso de análisis» de las retribuciones de los directivos de la CAM pero que las circunstancias del momento y el hecho de que sólo dispusieran de siete inspectores para toda la caja hizo que no se pudiera llegar a todo.
Sobre los incentivos a los que los directivos renunciaron en 2010, el funcionario destacó que al depender de los resultados y estar la caja en una situación tan complicada era muy difícil que se cumplieran las condiciones para percibirlo, aunque sí cobraron en esa misma situación de crisis el porcentaje que les restaba de años anteriores.
