Ni un atisbo de autocrítica. A pesar de los más de 11.000 millones de euros que, según los últimos cálculos, el Fondo de Garantía de Depósitos acabará gastando para cubrir las pérdidas de la entidad, el exdirector general de la CAM Roberto López Abad defendió ayer que la caja alicantina funcionaba «razonablemente» y que, si bien no era «la primera de la clase» tampoco era «lo peor de lo peor», tal y como aseguró en su día el entonces gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordoñez.
Así lo señaló López Abad durante su declaración en el juicio que se celebra en la Audiencia Nacional contra él y otros siete ex responsables de la desaparecida caja de ahorros por el supuesto falseamiento de sus cuentas y el cobro indebido de hasta 47,3 millones de euros por parte de los ejecutivos y los trabajadores de la entidad. Unos hechos por los que el Fiscal solicita siete años y medio de prisión para el que fuera primer ejecutivo de la CAM, una petición de cárcel que la acusación popular eleva hasta los 16 años de cárcel.
Visiblemente tranquilo y con un tono muy didáctico -López Abad, incluso, pidió al tribunal utilizar sus propias notas para explicarse mejor-, el ejecutivo negó rotundamente que se hubieran manipulado las cuentas con el objetivo de facilitar la integración con Cajastur, Caja Cantabria y Caja Extremadura y aseguró que fue una sorpresa cuando los socios de la CAM decidieron abortar la operación. Una decisión que tomaron tras conocer el requerimiento del Banco de España para reclasificar como morosos miles de créditos y exigir las correspondientes dotaciones, aunque el exdirectivo no lo mencionó.
En este sentido, López Abad negó que se hubiera facilitado información «ambigua» al resto de entidades, como se apuntaba en un correo interno del exdirector general de Recursos de la CAM Vicente Soriano, que también se sienta en el banquillo de los acusados en este juicio. «Más concreto no se pudo ser», aseguró.
La garantía de KPMG
Como aval de que todo se hacía según la normativa y en un claro intento de descargar responsabilidades, el ex director general de la CAM recordó que las cuentas de la entidad de 2010 estaban auditadas por KPMG, que no puso ninguna «salvedad» a las mismas. Al respecto, el ejecutivo alcoyano señaló que la auditora llevaba trabajando con la caja 19 años, que «tenían acceso a todo» y que eran «como de la casa, nos conocían mejor que nosotros mismos». Por eso, para Roberto López Abad, «cuando firmaban un informe era la mejora garantía de que la caja estaba bien».
No obstante, habría que recordar que los propios responsables de KPMG declararon ante el juez -y el instructor lo dio por válido- que los ejecutivos de la CAM les había ocultado información sobre las operaciones de titulización de créditos fallidos, que permitieron a la entidad sacar estos préstamos de su balance y recuperar las provisiones que existían sobre los mismos. Una de los movimientos que permitió engordar los resultados de la caja ese año. El problema es que, para contabilizar esta salida, tal y como hizo la CAM, la entidad debería haber transmitido todo el riesgo al comprador y no lo hizo porque conservó unas opciones de recompra sobre los mismos, lo que facilitó su venta. López Abad aseguró ayer que desconocía «que no se podían dar de baja estos créditos» y que pensaba que la operativa era correcta.
«Sacar 300 millones»
El exdirector general de la CAM también tuvo que responder por el correo en el que, a finales de 2010, instaba a sus subalternos a «sacar 300 millones» de beneficios como fuera y aseguró que se había sacado de contexto. Según apuntó, esta comunicación se refería a la necesidad de cubrir con fondos genéricos las pérdidas que supuso la aplicación de la circular 3/2010 del Banco de España sobre créditos morosos.
También negó que se hubieran engordado los resultados para elevar las retribuciones de los ejecutivos y defendió que en 2010 el equipo directivo renunció a los incentivos y que, además, los salarios en las entidad estaban por debajo de la media del sector.
Igualmente, Roberto López Abad recordó que abandonó sus funciones en la CAM en diciembre de 2010, cuando se incorporó al denominado Banco Base, que se había creado para articular la fusión con Cajastur. De esta forma, se desvinculó por completo de la formulación de cuentas del primer trimestre de 2011, cuando la CAM anunció beneficios de 38,9 millones de euros que, tres meses después, ya bajo la tutela del FROB, se transformaron en unas pérdidas de 1.136 millones.
Conejillo de indias
López Abad aseguró que el Banco de España siempre había confiado en la entidad, que «gozaba de una confianza razonable» y por eso la animó a emitir las cuotas participativas, como conejillo de indias para comprobar si este instrumento podía servir para recapitalizar a otras cajas de ahorros. Eso sí, se negó a responder al abogado de la Fundación CAM -la heredera de la Obra Social de la entidad- cuando éste le preguntó si se habían cumplido el folleto de emisión de las cuotas.
También sostuvo ante el tribunal que la CAM se anticipó al resto de cajas al ser obligada a provisionar sus créditos refinanciados dos años antes que el resto.
