En Coepa ya pueden respirar tranquilos. El Servef ha decidido que no recurrirá el archivo de la querella que presentó contra la patronal alicantina por un posible fraude en la gestión de las subvenciones que recibió para la construcción de su centro de oficios. Así lo confirmaron ayer a este diario fuentes oficiales del citado organismo público, que consideran que el recurso carecería sentido puesto que el archivo se ha producido por la prescripción de los hechos denunciados, algo que es difícil de rebatir.
No obstante, lo cierto es que la Generalitat tampoco quiere dar la sensación de que se ensaña con la patronal provincial, que ya tiene complicada su subsistencia sin la espada de damocles de una investigación judicial sobre su cabeza. Además, hay que recordar que el propio Servef tiene abierto un expediente administrativo, que sigue su curso, para reclamar la devolución de 1,9 millones de estas ayudas.
Igualmente, tampoco hay que olvidar que quien interpuso la querella contra Coepa fue la anterior directora general del Servef, María José Mira, que acabó abandonando la Consellería de Economía para integrarse en Hacienda por sus discrepancias con el máximo responsable de este departamento, Rafael Climent.
Como avanzó la edición digital de este diario el pasado lunes, el juzgado de Instrucción número 9 de Alicante ha archivado la causa que mantenía contra Coepa al considerar prescritos los supuestos delitos de fraude en subvenciones, falsedad documental, estafa, apropiación indebida de los que le acusaba el Servef.
El organismo público consideraba que la patronal alicantina había quebrantado la ley al recibir dos ayudas públicas -las subvenciones del propio Servef y un crédito del Instituto Valenciano de Finanzas- con la misma finalidad, que no era otra que la construcción de su centro de oficios. Además, también denunciaba que se habían utilizado las mismas facturas por duplicado para justificar ambas aportaciones y que la suma de las mismas no alcanzaba el total del dinero recibido (las facturas aportadas sumaban 4,7 millones y la suma de las subvenciones y el crédito pendiente de pagar 6,8).
Unas acusaciones que Coepa negó tajantemente al asegurar que no existe ninguna compatibilidad entre las subvenciones del Servef y el préstamo del IVF. Además, la organización empresarial también niega el supuesto desvío de dinero y señala que la diferencia de cantidades se debe a que la Generalitat sólo ha tenido en cuenta las facturas de una de las múltiples empresas que participaron en la construcción del edificio.
La juez que instruyó la causa ni siquiera llega a entrar en el fondo del asunto en el auto de archivo y se limita a recoger que los hechos denunciados han prescrito. En el caso de las supuestas irregularidades relacionadas con el crédito, el plazo para denunciar era de diez años pero la querella del Servef se presentó el 4 de agosto de 2016 cuando la concesión se había producido el 2 de junio de 2006. Igualmente, también se había cumplido el plazo de cinco años para investigar los delitos relativos a las subvenciones del Servef ya que la última de ellas data de noviembre de 2010.
Críticas al PP
Los actuales responsables del Servef recordaron ayer que la mayor parte de estos plazos transcurrieron mientras gobernaba el PP en la Generalitat, por lo que consideran que es el anterior ejecutivo el que debe cargar con la responsabilidad de no haber detectado a tiempo las supuestas irregularidades. Por su parte, señalan que ellos las denunciaron en cuanto tuvieron conocimiento de las mismas, un año después de su llegada al poder.
Lo más curioso del caso es que, muy probablemente, sea el Servef quien acabe quedándose el centro de oficios de Coepa para impartir formación, una vez que el Instituto Valenciano de Finanzas ejecute la hipoteca que pesa sobre el mismo.
