La Dirección General de Trabajo de la Conselleria de Economía Sostenible ha impuesto sanciones a 22 hoteles de la provincia por un importe global que supera los 268.700 euros por «cesión irregular de trabajadores», según confirmaron ayer desde la propia Dirección General que dirige Cristina Moreno. Esta práctica tiene que ver con la externalización de servicios -a través de subcontratas-, y, concretamente, con los de las empleadas que realizan las funciones de camareras de piso en los establecimientos hoteleros, y que se ha extendido en los últimos años.

Las multas varían entre los 6.251 euros y 50.001 euros y se imponen tras las actuaciones y actas levantadas, así como tras las propuestas de sanción realizadas por la Inspección de Trabajo desde el último trimestre de 2015, aunque la mayoría se tramitaron durante 2016. Incluso, algunos de los expedientes tienen fechas recientes, de este mismo año.

Varios se encuentran ya en el juzgado, pero la mayoría están aún en fase de estudio de los recursos de alzada presentados por los establecimientos afectados.

Casos pendientes

Ademas, estos expedientes son los que la Inspección ha trasladado a la Dirección General de Trabajo con la propuesta de sanción para que ésta cierre el ciclo. «No obstante, hay muchos casos pendientes que están en distintas fases del procedimiento», advertían desde este departamento.

Los 22 hoteles sancionados se reparten en la provincia entre Benidorm, Alicante, l'Alfàs del Pi y Altea. En el ámbito de la Comunidad Valenciana, las sanciones superan los 812.700 euros y afectan también a hoteles de las ciudades de València, Paterna y Sagunt, de acuerdo con los mismos datos del departamento autonómico.

Según explicaba la directora general de Trabajo, desde el último trimestre de 2015 su departamento incidió en estrechar la vigilancia sobre estas prácticas, «por las que las camareras de piso, a través de las empresas multiservicios que las contratan, perciben salarios del convenio al que se suscriben estas firmas, que son muy inferiores a los establecidos en el convenio de hostelería». Para Moreno, la externalización de servicios en estos casos no es una descentralización al uso como en otros sectores, «ya que las tareas de las camareras de piso son intrínsecas a la propia actividad del hotel». Los sindicatos también lo entienden así. En los últimos años han alzado la voz y convocado movilizaciones por estas prácticas, que se han agudizado durante la crisis.

La externalización de servicios

Las centrales sindicales sostienen que antes de la recesión muchas de estas trabajadoras eran empleadas de los propios hoteles y que, después, «por abaratar las nóminas han externalizado sus servicios», han reiterado en distintas concentraciones.

En la comparecencia que el pasado martes realizó Cristina Moreno ante la Comisión de Economía de las Cortes Valencianas, a petición del PSOE, la directora general hizo hincapié en que «se persigue lo relativo a la cesión ilegal de trabajadoras que realizan las funciones de camareras de piso, tanto por la precarización de la relación laboral, como por el deterioro de la misma que afecta a las condiciones de trabajo, así como a las salariales». En este sentido, Moreno recordó ayer que este año han intensificado, igualmente, la campaña sobre prevención de riesgos laborales en el trabajo de las camareras de piso, «por los movimientos repetitivos que realizan al desarrollar sus tareas y que pueden causar dolencias».

El objetivo es que las empresas pongan medidas preventivas para evitar «futuras enfermedades que puedan considerarse profesionales», subrayó.