Alicante es la provincia de la Comunidad que mayor volumen de economía sumergida concentra. El último informe de Gestha, colectivo que agrupa mayoritariamente a los técnicos de Hacienda, refleja que el nivel de fraude en la provincia estaría en el 27,6% de su PIB, «tres puntos por encima del estatal, que se sitúa en el 24,6% ,y algo más de un punto superior al autonómico, que estaría en el 26,5%», según destacó ayer en Alicante Carlos Cruzado, presidente de Gestha. El colectivo celebra en la capital su XV congreso anual, que se centra en el análisis y debate sobre «la ·corrupción política y fraude fiscal, dos delitos que se dan la mano».

El Producto Interior Bruto (PIB) de Alicante alcanzaba en 2014 los 32.464 millones, ultimo dato publicado a nivel provincial, lo que situaría el volumen de fraude en unos 8.960 millones. Tanto en el caso de Alicante como en el de la Comunidad, este nivel de fraude es una situación que habría que atajar «porque no sólo supone competencia desleal para empresas y autónomos que cumplen la normativa y pagan sus impuestos, sino que también es un riesgo para las personas que están inmersas en ella, ya que no van a poder disponer de las prestaciones que la afiliación a la Seguridad Social conlleva», añadía Cruzado.

Cuarta autonomía en el ranking

En las otras dos provincias de la Comunidad, Castellón tendría una cantidad equivalente al 26,5% de su PIB fuera de los controles del fisco, mientras que en Valencia alcanzaría el 25,7%, según los mismos datos facilitados por Gestha. En el conjunto nacional, la Comunidad ocupa el cuarto puesto entre las autonomías con mayores índices de economía irregular, con dos puntos porcentuales más que la media nacional. Por delante en el ranking del nivel de fraude se encontrarían Extremadura, Andalucía y Canarias. Cruzado incidió en los perjuicios de esta situación, que es más predominante en España que en otros países de su entorno.

«No es un colchón»

Igualmente, Gestha criticó el hecho de que algunos aludan a que la economía sumergida supone un «colchón» para familias que no tienen ingresos, sobre todo en los periodos más duros de crisis. Para Cruzado, este argumentario «no puede servir de excusa», dado que, igualmente, representa una reducción de los ingresos a las cuotas de esa Seguridad Social y otros impuestos.

Según el representante de Gestha, en España se «tendrían que reducir los niveles de economía sumergida a la mitad, al menos diez puntos, para encontrarnos en el nivel similares a Alemania, Reino Unido o Francia, países europeos a los que debemos intentar parecernos y no tanto a otros como Grecia, que están arriba en este triste ranking de economía sumergida y fraude, o Italia, que tiene cifras parecidas a las nuestras».

Preguntado sobre las propuestas que plantea su colectivo parta reducir las tasas de fraude, el presidente de Gestha consideró necesario «reformar la Agencia Tributaria. Está agotado el modelo que se centra en el control de los controlados, de los contribuyentes de perceptores de rendimientos de trabajo, autónomos y pymes. Hay que dedicar mayor esfuerzo a la investigación y a la investigación de las grandes empresas, de las grandes fortunas».