Enfrentarse a la Administración nunca es sencillo pero, al menos cuando se trata de reclamar el pago de algún impuesto con el que no se está de acuerdo, hay muchas posibilidades de que salga a cuenta. Según la última memoria del Tribunal Económico-Administrativo de la Comunidad Valenciana, hasta el 53% de los contribuyentes que presentan un recurso contra la liquidación de algún tributo estatal o autonómico logra que este organismo le dé la razón. Un porcentaje que, a juicio del sindicato de técnicos de Hacienda Gestha, demuestra el excesivo número de errores que se registra en los servicios fiscales en estos momentos debido a la insuficiencia de las plantillas -por la congelación de las ofertas de empleo público- y a las presiones de los distintos ejecutivos por aumentar las actuaciones de control con el objetivo recaudar más, lo que ha llevado a que muchos expedientes no se tramiten correctamente, según las citadas fuentes.

Así, sólo durante el año 2015 -el último con datos disponibles- 13.354 alicantinos presentaron una reclamación ante el citado tribunal, que supone el paso previo a la justicia ordinaria. Esta cifra representa un incremento del 26,49% sobre el ejercicio anterior y multiplica por 2,5 el volumen de recursos que se registraban habitualmente en los ejercicios anteriores a la crisis, lo que avala el razonamiento de Gestha.

En el caso del conjunto de la Comunidad, el número de reclamaciones alcanzó las 38.151 en 2015, también más del doble de las que se daban en los años 2004 o 2005. De ese total, se resolvieron 31.320 expedientes, y en 16.310 casos se estimaron total o parcialmente los argumentos del contribuyente

«Las administraciones asumen que perderán un porcentaje elevado de las reclamaciones o, incluso, de los contenciosos que se presenten en los juzgados ordinarios, pero no les importa porque saben que muy poca gente recurre. Prefieren aumentar el número de liquidaciones, la cantidad sobre la calidad, porque saben que así recaudarán más», asegura el secretario general de Gestha, José María Mollinedo.

Para poner un ejemplo del estado actual de la Administración, el experto llama la atención sobre el propio Tribunal Económico-Administrativo en la Comunidad Valenciana, que cuenta únicamente con 28 ponentes. Esto significa que cada uno de ellos tuvo que resolver 1.119 casos, «una cifra imposible que indica que muchas resoluciones se dictan casi con plantilla», señala Mollinedo.

Venta de pisos

En cuanto a los tributos que más reclamaciones ocasionan, en el caso de la Comunidad Valenciana la palma se la lleva el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales, que grava con un 10% la venta de pisos de segunda mano, y que registró 15.870 recursos en 2015. Esta cifra tan elevada se debe al sistema que la Generalitat utilizaba para determinar el valor sobre el que se aplicaba el tributo y que es independiente de lo que el comprador haya pagado por el inmueble. Un sistema que no tenía en cuenta la caída real de los precios de los pisos, lo que ocasionaba frecuentes recargos inesperados para los compradores. El gobierno valenciano se vio obligado a cambiarlo el año pasado, tras varias sentencias que lo desautorizaban.

En segundo lugar se sitúan los recursos ocasionados por el Impuesto sobre la Renta, con 7.710 quejas, que reflejan el aumento de las revisiones de oficio y las campañas de control que ha puesto en marcha en estos últimos años la Agencia Tributaria. Por detrás están las reclamaciones por el pago del IVA, con 4.231; las del Impuesto de Bienes Inmuebles, con 1.662; y las del Impuesto de Sucesiones y Donaciones, este último también de carácter autonómico, contra el que recurrieron 1.295 contribuyentes.

Pagos de costas

Desde Gestha advierten de las consecuencias que puede acarrear este aumento de las reclamaciones, sobre todo a medida que las desestimadas lleguen a los tribunales ordinarios. Como recuerda José María Mollinedo, con los cambios introducidos por la Ley Gallardón, las partes pueden ser condenadas a costas desde la primera instancia, lo que puede disparar el gasto de las administraciones por este motivo durante los próximos años. «Hasta ahora a muchos no les compensaba el gasto que supone pagar al abogado y el procurador, pero con la nueva normativa y teniendo en cuenta que la mayoría de las veces los jueces dan la razón al contribuyente, va a haber más gente que se lance», asegura el portavoz de Gestha.