Primer acercamiento entre el Sabadell y Enrique Ortiz tras la batería de demandas ejecutivas que la entidad presentó en los juzgados para reclamar el pago de los 140 millones que le adeuda el Grupo Urbanika, la firma que el promotor creó junto a Bancaja y la inmobiliaria Espacio para, entre otros proyectos, desarrollar el polémico Plan Rabasa. Según ha podido saber este diario, el empresario alicantino ha visitado esta misma semana las intalaciones de la entidad en el municipio barcelonés de Sant Cugat para inciar contactos con el objetivo de lograr un acuerdo que permita frenar el proceso judicial.
De momento, eso sí, los avances conseguidos no habrían sido suficientes y la entidad mantiene las demandas, que siguen su tramitación en los diferentes juzgados de instrucción en los que se interpusieron.
Como avanzó este diario, tras varios meses de negociaciones infructuosas, que acabaron sin ningún resultado, el Sabadell decidió acudir a los juzgados para reclamar el cobro de alrededor de 140 millones de euros en créditos impagados del Grupo Urbanika, que la entidad había heredado de la CAM. Parte de estos préstamos corresponden a la hipoteca de los terrenos que la citada mercantil posee en Rabasa y que Ortiz se había comprometido a saldar con el dinero que iba a pagar Ikea para construir su centro comercial. Sin embargo, al cancelarse el proyecto, toda la operación se vino abajo y empezaron los desencuentros entre ambas partes.
Una disputa que viene por la valoración que uno y otro dan a esos terrenos, que para el Sabadell ya no valen nada mientras que Ortiz defiende la tasación que se hizo en su día. A esto hay que sumar que la hipoteca sobre los terrenos de Rabasa supone sólo una parte de la deuda, que el Sabadell quiere negociar en su totalidad para cerrar definitivamente este capítulo.
Ante la imposibilidad de ponerse de acuerdo, el Sabadell decidió ejecutar los créditos y presentó una batería de reclamaciones -hasta 17- en los juzgados. La mayoría se dirigen contra la propia Urbanika y contra las filiales del grupo pero la entidad optó por actuar también contra los avalistas de los créditos, entre ellos el propio Ortiz, que debería responder directamente de unos 48 millones de euros.
Fruto de estas reclamaciones hasta tres juzgados distintos emitieron sendas órdenes de embargo contra los pagos que el Ayuntamiento de Alicante realizaba a Ortiz e Hijos por la limpieza de los colegios del municipio. De ellos, eso sí, el consistorio sólo ha recibido por el momento una notificación que, además, más tarde el juez decidió levantar en atención al recurso que presentó el promotor, donde alegaba que el embargo podía producir la «asfixia financiera» de la compañía.
En cualquier caso, tampoco este levantamiento sirvió de mucho ya que, ante estas circunstancias, el promotor presentó ante el Ayuntamiento la renuncia a seguir prestando el servicio de limpieza a partir del 1 de marzo. Un movimiento que le permitirá evitar nuevos embargos por esta vía pero que no le libra del resto de embargos que le puedan aplicar a sus mercantiles o su propio patrimonio, llegado el caso.
Un contenedor de terrenos
Enrique Ortiz creó el Grupo Urbanika en pleno «boom» del ladrillo siguiendo un esquema muy habitual en la época, que consistía en aliarse con alguna caja de ahorros que, además de cierto capital, se encargaba de financiar la mayor parte de las adquisiciones. Su principal actividad fue acumular millones de metros cuadrados de suelo en diferentes planes parciales de toda la provincia, algunos de los cuales jamás llegaron a ejecutarse, como el citado de Rabasa. En este caso, el principal socio fue Bancaja cuyos créditos y avales acabaron en manos de la Sareb tras la nacionalización de Bankia. La deuda de Urbanika con el «banco malo» ronda los 500 millones. La CAM fue un financiador secundario, de ahí que la deuda acutal con el Sabadell sea de «sólo» 139 millones.
