La junta directiva de la patronal autonómica Cierval ha aprobado esta mañana solicitar de la declaración de concurso voluntario de acreedores e, inmediatamente, la liquidación de la organización ante su falta de viabilidad económica. De esta forma, los empresarios ni siquiera esperarán a que concluya el plazo de cuatro meses que concede el preconcurso para buscar una solución ya que consideran que no hay alternativa que permita afrontar las deudas que arrastra, muchas de ellas con la Generalitat. Además, los miembros de la directiva también quieren protegerse ante posibles responsabilidades personales por la quiebra de la institución.
La decisión se ha adoptado con la única abstención del alicantino Iván Sempere, que ha justificado su decisión por cuestiones técnicas y legales. El resto de la delegación alicantina, al igual que los valencianos y castellonenses han respaldado la liquidación, propuesta por el presidente de Cierval, José Vicente González.
De esta forma se pone fina a 36 años de historia desde que las patronales provinciales de Alicante, Castellón y Valencia decidieron poner en marcha la organización autonómica. Han sido los impagos de las cuotas por parte de Coepa y la CEC, por un lado, junto con los problemas legales de esta última -imputada en varios casos por supuestos fraudes en el manejo de los fondos de formación, de los que Cierval sería responsable subsidiaria- lo que ha precipitado el fin de Cierval. Tampoco ha ayudado la notable estructura de costes que aún mantiene, con una plantilla que, desde Coepa, se considera sobredimensionada.
A finales del año pasado se intentó reformar sus estatutos para incrementar los ingresos pero la urgencia de hacer frente a las deudas exigidas por el Consell hicieron inútil el intento y se acabó solicitando el preconcurso.
Nueva organización
La decisión, en cualquier caso, deja la vía libre para que se ponga en marcha la alternativa planteada en las últimas semanas por el presidente de la patronal provincial de Valencia (CEV), Salvador Navarro, que pretende transformar esta organización en la nueva patronal autonómica mediante un cambio de estatutos y la integración de las distintas asociaciones sectoriales y empresas particulares de toda la Comunidad. Un proyecto al que negocia sumarse la alicantina Coepa.
En este sentido, Navarro y el presidente de Coepa, Francisco Gómez, ya han mantenido reuniones para negociar los términos del posible acuerdo, la primera de ellas el pasado días cinco, sólo unas horas antes de que el valenciano aprovechara su intervención en el Forum Europa Tribuna Mediterránea para hacer públicos sus planes de dejar caer a Cierval.
En ella acordaron retomar el diálogo sobre la base de la reforma de estatutos que se pactó para Cierval y que no pudo llevarse a la práctica ante la premura de su situación económica. Un documento que preveía una organización menos dependiente de las subvenciones públicas y con la participación de empresas particulares y de asociaciones sectoriales en la asamblea -en la actual Cierval este órgano está formado exclusivamente por los representantes de las tres patronales provinciales-.
La principal diferencia sería que, si entonces se preveía reservar un 10% de los votos para cada una de las organizaciones provinciales, ahora Coepa sería la única que mantendría una personalidad jurídica propia y diferenciada, ya que se da por hecho que la patronal de Castellón irá a liquidación y la patronal de Valencia es la que se transformaría en autonómica. Alicante también tendría una vicepresidencia garantizada en esta nueva estructura.
Así pues, el principal escollo estará en las negociaciones económicas. Aunque Coepa aspira a mantenerse únicamente con las cuotas de sus socios -algo más que posible con su actual estructura, con tan sólo dos trabajadores-, lo cierto es que la organización alicantina todavía necesitará una aportación extra durante los próximos tres años para cumplir con el plan de viabilidad que le permitió salir del concurso de acreedores el pasado mes de diciembre, debido a los pagos pactados con el Fogasa y los antiguos empleados, entre otros.
Por eso, la patronal alicantina quiere garantizarse, por un lado, que durante este tiempo no sufrirá una fuga significativa de socios hacia la nueva patronal de la Comunidad -de ahí su insistencia en un modelo de doble adscripción provincial y autonómico- , y, por otro, que seguirá recibiendo fondos de la Ley de Participación Institucional, los que paga el Consell a los agentes sociales por su presencia en organismos públicos. En este sentido, para contentar a Valencia, Coepa estaría dispuesta a negociar algún tipo de régimen transitorio que garantizara la llegada de dinero durante estos años, aunque el sistema definitivo fuera diferente.
