La juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela ha acordado hoy la apertura de juicio oral contra el expresidente de Abengoa Felipe Benjumea y su ex consejero delegado Manuel Sánchez Ortega por las indemnizaciones millonarias que recibieron tras cesar de sus cargos en la compañía.

También se sentarán en el banquillo la expresidenta de la comisión de Nombramientos y Retribuciones Mercedes Gracia, la exconsejera Alicia Velarde y al expresidente de Abengoa Antonio Fornieles, que acordaron el pago de tales cuantías, todos ellos por un presunto delito de administración desleal.

Además, la magistrada requiere a Benjumea, Gracia, Velarde y Fornieles para que presenten de forma solidaria y en el plazo de 24 horas una fianza por responsabilidad civil de 3,4 millones de euros, cantidad que resulta de restar las cantidades ya depositadas por el expresidente de la compañía de la indemnización percibida, valorada en 11,4 millones.

Un supuesto similar establece para Sánchez Ortega, quien deberá abonar en el mismo plazo aunque de forma individual, 1,3 millones de euros; en el caso de no satisfacer tales cantidades, la Audiencia procederá al embargo de bienes para cubrir dichas sumas.

Los hechos se remontan a septiembre de 2015, cuando se formalizó la aparente salida de la entidad de Benjumea y Sánchez Ortega, se les concedieron unas indemnizaciones por cese anticipado de 11,4 y 4,5 millones de euros, unas cantidades que la instructora considera que "no parecen acordes con los resultados empresariales de la sociedad" en aquel momento.

Sólo dos meses después, el 25 de noviembre, Abengoa presentaba en los juzgados mercantiles una solicitud de preconcurso de acreedores, lo que motivó la interposición de acciones legales por parte de los bonistas de la compañía.

En su escrito de acusación, al que alude la juez Lamela en el auto, el Ministerio Fiscal solicita para Benjumea 5 años de cárcel y multa de diez meses, con una cuota diaria de 300 euros (aproximadamente, 90.000 euros), en tanto que para Sánchez Ortega pide cuatro años y tres meses de prisión y 72.000 euros de multa.