El gasto en prestaciones baja en Alicante pese a que aún hay 91.000 parados sin cobertura

Sin embargo, los sindicatos alertan de que esta bajada «no sólo obedece a que estos desempleados han encontrado una colocación, sino que también hay muchos casos de parados que van agotando las prestaciones y se quedan, finalmente, sin cobertura. Y a ellos habría que sumar los que dejan de renovar su inscripción en el paro, desanimados por la falta de ofertas laborales o porque con las bajas cotizaciones que han acumulado saben que no les llegará la ayuda», denuncian desde CC OO y UGT. De hecho, al acabar el pasado año en la provincia había 90.930 parados sin percibir prestación alguna, lo que supone el 53,4% del total de desempleados alicantinos.

En las listas del paro, un 48% de los inscritos llevan más de un año sin ocupación. Una circunstancia que dificulta no sólo su empleabilidad, sino que agrava la «propia economía familiar para poder hacer frente a los gastos básicos. La línea que nos separa de estar en la pobreza a dejar se ser pobres es muy fina», advertía Yaissel Sánchez, secretaria territorial de UGT l' Alacantí-La Marina.

«Desigualdad y pobreza»

Para los sindicatos la cuestión de fondo en el ámbito de las prestaciones de paro es «la necesidad de crear un empleo estable y regulado», añadía Sánchez. Contrataciones de corta duración, «que es la tónica del mercado laboral alicantino», subraya José María Ruiz Olmos, de CC OO l'Alacantí-Les Marines, no sólo «disparan la desigualdad y la pobreza», sino que, además, «impiden a los trabajadores que se quedan sin empleo alcanzar las cotizaciones mínimas exigidas para tener derecho a una prestación», añadía. En estos momentos, para poder acceder a la conocida popularmente como «ayuda del paro» (prestación contributiva) se tienen que tener acumuladas cotizaciones como mínimo durante 12 meses (360 días) en los 6 años anteriores a quedarse en paro y haberlas utilizado anteriormente para pedir otra prestación. De 360 a 539 días de cotización, el desempleado tiene derecho a 120 de ayuda.

«La alta cifra de contrataciones temporales y a jornada parcial con que se contrata en esta provincia dificulta mucho a los parados cobrar la prestación contributiva», insiste Yaissel. El sistema, no obstante, contempla otras prestaciones de subsistencia, «pero para las que se han endurecido mucho las condiciones y, además, al final también se van agotando·, advierte Ruiz Olmos.

En este sentido, los sindicatos advierten de que en el actual mercado laboral y con un escenario de una elevada tasa de desempleados sin cobertura social, afloran «con mayor incidencia los efectos perniciosos de la economía sumergida.Cuando no cotizas durante un tiempo porque estás en la economía irregular, al final, te encuentras con que no tienes derecho a la prestación del paro por no alcanzar la cotización mínima y tienes que recurrir a las de subsistencia,. Y, en su caso, también te impedirá en un futuro percibir una pensión digna. La precariedad del empleo, luego se traslada a las prestaciones», subrayaba la representante de UGT.

La dirigente sindical lamenta que en los duros años de la crisis muchas personas se han visto abocadas a recurrir a la economía sumergida ante la necesidad de cubrir las necesidades básicas de la familia.

«Y el Gobierno debe poner remedio y medios para revertir esta situación», añadía. Por este contexto de «desigualdades y precariedad» que ha ido configurando la crisis, los sindicatos refuerzan su tesis de la necesidad de que, finalmente, se apruebe una renta mínima , «un recurso social para familias sin ingresos, que es una necesidad y una demanda urgente, humanitaria y solidaria», incidía Ruiz Olmos.

Renta Mínima

Precisamente, estas consideraciones las realizaban los representantes dirigentes alicantinos coincidiendo con la aprobación en el Congreso de iniciar el trámite parlamentario para crear una renta mínima, con los apoyos de todos los grupos, menos el PP y Ciudadanos. La proposición de ley surge de una demanda de los sindicatos, que en los últimos años han recogido 700.000 firmas para presentar en el Parlamento una Iniciativa Legislativa Popular (ILP). La propuesta prevé establecer una prestación no contributiva de ingresos mínimos de 426 euros para más de 2,4 millones de personas sin recursos: La ayuda se prolongaría mientras el beneficiario se mantuviera en situación de desempleo y careciera de recursos económicos.

El gasto que supondría sería de más de 11.000 millones de euros. PP y Ciudadanos ven «inasumible» la propuesta. Los requisitos que tendrían que cumplir los beneficiarios son tener entre 18 y 65 años, encontrarse en situación de no ocupado, no percibir prestaciones por desempleo, que la renta per cápita sea inferior a 5.837 euros anuales y carecer de ingresos individuales y de los miembros de la unidad familiar establecidos en el 75% del Salario Mínimo Interprofesional (SMI).