Los jubilados siguen perdiendo poder adquisitivo como consecuencia de la crisis y tras la reforma de las pensiones de 2013, que desvinculaba la revisión de la prestación del IPC y establecía, en el caso mínimo, una revalorización del 0,25%. El Gobierno desoyó este año la petición sindical y de los principales grupos de izquierda del Congreso de actualizar la cuantía un 1,2% y también ha aplicado el criterio del 0,25% en la actualización.
Con esta mínima subida, «los pensionistas alicantinos han perdido 209,77 euros anuales», según estima un estudio elaborado por UGT en l'Alacantí-La Marina, que referencia el desfase a un incremento del Índice de Precios al Consumo (IPC) del 2%, «índice que se venía utilizando en las previsiones económicas antes de la reforma de las pensiones de 2013», explica la secretaria territorial del sindicato, Yaissel Sánchez.
El estudio parte de la pensión media del régimen general en la provincia, que en 2016 se situó en los 856,23 euros al mes. Una cuantía que se habría visto revalorizada hasta los 873,35 euros mensuales, y a los 12.226,96 euros al año, si se le hubiera aplicado una subida de la inflación del 2%. Sin embargo, con la mínima revalorización del 0,25%, la prestación se ha quedado en los 12.017,19 euros anuales. «Es decir, 209,77 euros de pérdida de poder adquisitivo, para un colectivo que ya percibe unas pensiones muy bajas y que es uno de los que más ha sufrido desde el inicio de la crisis», añade la dirigente sindical, quien, además, subraya que la pensión media en Alicante es «un 14,94% inferior a la del Estado y un 5,85% menor al promedio de la autonómica». Al cierre del pasado año, el número total de perceptores de pensiones en la provincia se situó en 309.054.
«Un reparto equitativo»
El estudio advierte, asimismo, que de mantenerse los actuales criterios de revalorización mínima del 0,25% y teniendo, igualmente, como referencia comparativa el aumento del 2% del IPC, los pensionistas de la provincia irían perdiendo progresivamente poder adquisitivo hasta el año 2020. La estimación del desfase anual sería de 424,27 euros en 2017, de 643,58, en 2018; de 867,80 euros en 2019 y de 1.097,04 euros en 2020, de acuerdo con la proyección realizada.
El sindicato considera que con este escenario y las previsiones de crecimiento de la economía, «tiene que haber un reparto equitativo, y revalorizar las pensiones de acuerdo con el IPC real, al igual que trasladar la variación a la negociación colectiva para actualizar los salarios de los trabajadores y la renta de las familias», incide Yaissel Sánchez. Todo ello, contribuiría a «reactivar el consumo y la demanda interna, así como a la recuperación de la economía real, beneficiando no sólo a jubilados y pensionistas, sino también a las familias y, por consecuencia, al país», argumenta Sánchez.
En el caso de las pensiones, UGT exige la derogación de la reforma del 2013, «realizada por el Gobierno de forma unilateral , sin contar con los sindicatos, ni con los empresarios», porque todos los «recortes que está sufriendo este colectivo son innecesarios y sustituibles», añade Yaissel Sánchez. Y paralelamente, considera que, igualmente, hay que «eliminar el déficit de la Seguridad Social, que el sindicato ya ha planteado al Gobierno».
Entre otras propuestas, el sindicato plantea que los presupuestos de la Seguridad Social «estén al mismo nivel a la hora de competir con los otros ministerios y que estos fondos salgan de los Presupuestos Generales como el resto de departamentos», explicaba la dirigente sindical.
