Todo son malas noticias. Para el común de los trabajadores, el horizonte que se vislumbra, si se consigue eludir el paro, es el de un mercado laboral con salarios a la baja, mucho empleo a tiempo parcial y más horas de las deseadas. Además, como consecuencia añadida de todo ello, no es esperable que tanto esfuerzo se vea recompensado con una apacible jubilación. Al menos en términos de ingresos. Los empleados que se jubilen hacia 2030, nacidos a mediados de los sesenta del siglo pasado y, en consecuencia, ya superados los cincuenta años, percibirán una pensión un 5% inferior a la de los que se jubilen hoy día con un historial laboral idéntico. Los nacidos una década más tarde, que estén ahora en los cuarenta y puedan jubilarse hacia 2040 tendrán una pensión un 10% inferior. «Así pues, la caída de la pensión media estará en el entorno del 7,5%», según el informe «Medidas para restaurar (o no) la sostenibilidad financiera de las pensiones», publicado esta semana por la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea).
Así que el futuro pinta más bien a negro. El gran debate es el de la sostenibilidad del sistema de pensiones, sobre todo si tenemos en cuenta, como dice el informe, que el aumento la dependencia de los ingresos de los jubilados sobre los pagos de los empleados en activo provocará que «el gasto como porcentaje del PIB será aproximadamente 2,1 veces el actual». Entre las soluciones que se aportan en este enconado debate para reducir el pesimismo y poner encima de la mesa salidas a ese negro panorama se encuentran cuatro «expectativas optimistas sobre la creación de empleo, la subida de salarios, el crecimiento de la productividad y la disponibilidad de más recursos financieros que puedan hacer frente al aumento del gasto». Sin embargo, el autor del estudio, J. Ignacio Conde-Ruiz, de la Universidad Complutense de Madrid, considera que «estas optimistas respuestas son, en su mayor parte, incorrectas». ¿Por qué?
La sostenibilidad financiera no se restaura creando empleo suficiente porque la mayoría de estudios que analiza el gasto futuro en pensiones parte del escenario del pleno empleo y en el supuesto de que este se produjera «tan solo serviría para compensar (aproximadamente) una quinta parte del aumento del gasto en pensiones asociado al envejecimiento demográfico». Tampoco cree el autor que se restaure aumentando los salarios, porque ese incremento «no podría cubrir toda la brecha entre ingresos y gastos del sistema público de pensiones, sino una pequeña parte». La solución no estaría, asimismo, en el incremento de las cotizaciones sociales. Una subida tiene «el inconveniente» de que eleva los costes laborales y, por tanto, podría disminuir la tasa de empleo, lo que a su vez haría difícil restaurar la sostenibilidad financiera del sistema». Para recaudar los necesarios 7,4 puntos de PIB más vía cotizaciones debería subir el tipo efectivo del 21% al 36,5% y eso implicaría un aumento de costes laborales «incompatible» con el escenario de pleno empleo. Por último, Conde-Ruiz tampoco ve la salida a través de los impuestos, entre otros motivos porque el déficit y la deuda pública no dejan demasiado margen y porque habría que subir tasas como el IVA o el IRPF, que también reducirían la renta de los jubilados.
Así las cosas, el autor enumera «unas alternativas realistas» que incluyen las cuatro propuestas mencionadas con anterioridad. Además de alcanzar el pleno empleo, eliminar la precariedad laboral para aumentar las tasas de fecundidad, mejorar la educación para aumentar la tasa de crecimiento de la productividad y aumentar los ingresos del sistema de pensiones, será necesario que disminuya la tasa de sustitución , es decir el porcentaje de ingresos en la jubilación respecto a los ingresos como trabajador. Para ello, propone que los futuros pensionistas «conozcan con cierta anticipación cuál será la pensión que van a recibir, que dicha pensión esté protegida frente a aumentos de la inflación y que el acceso a la jubilación sea flexible y tenga en cuenta la heterogeneidad de las condiciones individuales y de las vidas laborales». En su opinión, un elemento fundamental en la resolución de este problema consiste en transformar el sistema actual por uno de «cuentas nocionales», por el que «la pensión que percibirá el trabajador deberá respetar algún tipo de equivalencia actuarial o factor de proporcionalidad entre lo aportado y los años esperados que va a percibir la pensión a lo largo de toda su vida». Se trata de un sistema que «reforzaría la contributividad teniendo en cuenta toda la vida laboral» e introduce instrumentos de ajuste automático del gasto frente a cambios demográficos y económicos.
