Las entidades financieras no parecen tener ninguna prisa por devolver el dinero que cobraron de más por las denominadas cláusulas suelo. A pesar de que, en teoría, desde ayer cualquier afectado podía dirigirse a su sucursal para acogerse al procedimiento extrajudicial aprobado por el Gobierno, lo cierto es que en la inmensa mayoría de las oficinas los empleados desconocían cómo tramitar las reclamaciones y se limitaban a pedir a los clientes que regresaran en unos días o, como mucho, les tomaban los datos con la promesa de avisarles.
Sólo una entidad de la decena visitadas por este diario, Liberbank, tenía disponible un impreso estandarizado para presentar la solicitud y en otra -CaixaBank- los empleados lo recibieron al final de la jornada. «Es que el decreto se aprobó el viernes, no ha dado tiempo», justificaba una trabajadora del BBVA, obviando que las entidades llevan semanas negociando el procedimiento con el Gobierno. «Mejor que pase a final de semana o la próxima», apuntaban en otra céntrica sucursal, en esta ocasión de Cajamar, señalando que aún no habían recibido las instrucciones oportunas. «Puede enviar un escrito a atención al cliente», sugerían en el Popular, sin demasiado convencimiento.
En cualquier caso, lo cierto es que las entidades no incumplen la normativa ya que el decreto del Gobierno les da hasta un mes para poner en marcha el mecanismo y crear el departamento específico que debe ocuparse de tramitar todas las reclamaciones. Tanto es así, que casi ninguna entidad ha dejado claro hasta la fecha qué política seguirá para decidir a qué clientes devuelve el dinero y a quién se lo deniega, lo que induce a pensar que, tal y como avisaron las asociaciones de consumidores, los efectos reales de este procedimiento pueden ser muy limitados.
Negativa del Sabadell
Entre los pocos bancos que sí han hecho públicas sus intenciones está el Sabadell, aunque en este caso ha sido para comunicar que rechazará por sistema todas las peticiones que reciba -después de tramitarlas según lo establecido en el decreto- ya que defiende que las cláusulas suelo que incluyó en sus hipotecas son transparentes y, por tanto, son legales. No obstante, desde la entidad catalana no descartan ofrecer algún tipo de compensación mínima a determinados clientes -como una subida de los intereses que pagan por los depósitos o alguna ventaja similar- con el objetivo de evitar que se marchen enfadados a otra entidades y siempre que no suponga una asunción de culpabilidad. En este caso, las hipotecas afectadas son las que comercializó el propio Sabadell ya que la CAM no incluía estas cláusulas en sus créditos. En la misma línea, también Liberbank defendió ayer la legalidad de sus cláusulas, lo que apunta a que seguirá una estrategia similar, a pesar de su rapidez a la hora de poner los impresos a disposición de sus clientes.
En un segundo grupo se sitúan las entidades a las que afectaba directamente la sentencia del Tribunal Supremo de 2013, que limitó la retroactividad a mayo de ese año, y que son BBVA, Cajamar y Abanca (antigua Novacaixagalicia). Aunque el Tribunal de Justicia de la UE enmendó esta decisión el pasado diciembre y señaló que las entidades debían devolver todo lo cobrado de más por las cláusulas que se consideraran abusivas -de hecho, este fallo fue lo que provocó el decreto del Gobierno para facilitar el reintegro del dinero y evitar una avalancha de demandas-, estas entidades se agarran al principio de «cosa juzgada» -que señala que no se puede enjuiciar dos veces a la misma persona por los mismos hechos- para eludir el pago.
Así, han pedido al Supremo una aclaración sobre cómo les afecta la sentencia europea y, hasta entonces, se limitarán a recoger las reclamaciones y a explicar que están a la espera de esta aclaración, según confirmaron a este diario fuentes oficiales de Cajamar y BBVA.
Por su parte, el Popular, que también fue objeto de otra sentencia que declaró nulas sus cláusulas, se ha limitado a señalar que estudiará caso por caso, sin dar más detalles. Por último, ni Bankia ni CaixaBank han querido dar explicaciones sobre cómo aplicarán el procedimiento ya que aseguran que siguen «analizándolo». En ambos casos la afectación en la provincia sería mínima ya que la mayoría de las cláusulas suelo que acumulan en sus carteras proceden de entidades de otras autonomías, como Canarias, La Rioja, Andalucía o Castilla y León. Ni Bancaja ni Caja Madrid, las que más implantación tenían en Alicante, las aplicaban.
Afluencia limitada
Quizá esta indefinición de las entidades fue lo que provocó que ayer la afluencia a las sucursales tampoco se incrementara de forma significativa, aunque en los días previos sí hubo muchas consultas, según confirmaron fuentes de UGT y CC OO.
De lo que no se han librado las entidades, a pesar de sus reticencias, es de la obligación de provisionar el posible impacto de la devolución de las cláusulas suelo en sus cuentas, como informaron todas ellas ayer a la Comisión Nacional del Mercado de Valores. En total, son 2.365 millones, de los que 625 corresponden a CaixaBank; 563 al Popular; 490 al Sabadell, 404 millones al BBVA; unos 200 millones a Bankia; y 83 a Liberbank.
