Resulta paradójico tan largo retraso. Quizás se deba a la idiosincrasia del Gobierno, al que no le conmovió la ausencia de equidad, ni la crítica recogida en los distintos estudios científicos; algunos por su propio encargo, ni el rechazo y las quejas de las Comunidades Autónomas. Su resistencia a plantearse el cambio, por fas o por nefas, va a hacer imposible que se produzca antes del 2018; año en el que con mucha suerte el sistema actual sería sustituido por otro nuevo, aunque no deberíamos lanzar las campanas al vuelo hasta verlo plasmado en el BOE.
Por fin Rajoy y su equipo económico han decidido ocuparse de la encomienda, visto el estado de abandono de las finanzas autonómicas a las que no se les facilita el instrumento del Senado, incumpliendo el dictado del artículo 69.1 de la Constitución que lo define como «la cámara de representación territorial». Habrá que reconocer que Rajoy ha sabido hacer de la necesidad virtud, tanto, que los medios han celebrado casi con alharacas la reunión de Presidentes y su compromiso de repetirlas cada año, quizá porque en este país se aplaude hasta la tardanza, por aquello del «más vale tarde que nunca».
Sin embargo, el escepticismo se sustenta en el hecho de que se hayan acordado tantas comisiones de trabajo, y no porque se desconfíe de los expertos, que no, sino porque la experiencia nos muestra magníficos informes y propuestas de comités «ad hoc» que han sido celebradas, acertadas, coherentes, razonables y plausibles, y después han quedado abandonadas en los cajones de los gobernantes políticos «sine die». Ya Napoleón sabía algo de ello cuando sentenció, «si quieres que algo se haga encárgaselo a una persona, si quieres que algo no se haga, encárgaselo a un comité».
Los plazos
Es verdad que el plazo que se han dado es el de todo el año 2017, mas no deben dormirse en los laureles y comenzar a trabajar sin demora porque el camino es largo y el propósito -complacer a todos- se antoja inviable. Todas las comunidades de régimen común están descontentas, por lo que alcanzar una solución que a todas satisfaga deviene en utopía. Y es que no hay más cera que la que arde, y tampoco Bruselas aceptará que se siga incumpliendo el déficit, ni en el endeudamiento compulsivo. Bajo tales premisas, difícil será lograr que todas las comunidades Fmejoren sus ingresos. Ellas, sin excepción, querrían recibir igual trato que el País Vasco y Navarra. Algo imposible porque no hay dinero para tal dispendio, así que la respuesta interesada es que no todas las comunidades son iguales. Como escribió Ramiro de Maeztu «sólo somos iguales cuando estamos muertos».
El coste de la cesión de las competencias en sanidad, educación y otros gastos sociales supera, en muchas de ellas, la participación en los ingresos del Estado, por lo que se deberá elevar la cuantía repartida. Ello supone que el Estado se quede con menos y reparta más. Pero las cuentas del Estado ya son deficitarias, porque no ha hecho en esta crisis sus deberes, y pese a haber exigido a todos ahorrar con medidas de austeridad, sólo lo han cumplido el sector privado -empresas y familias- y los municipios, pero no el Estado ni el conjunto de las Comunidades Autónomas.
Para poder repartir más, solo quedan dos vías: gastar menos y/o ingresar más. Lo de gastar menos, con el precedente de casi 9 años de crisis sin lograrlo, se antoja complicado; y lo de ingresar más se presenta bajo una pátina de quimera, partiendo de una premisa comprometida: que no se van a subir los impuestos, porque, entre otras cosas, supone la huida de los votos hacia otros caladeros. Conseguir cuadrar las cuentas, por ello, es como lograr la cuadratura del círculo; un sueño. Pero, «toda la vida es sueño, y los sueños, sueños son», dijo Calderón de la Barca, así que tienen intención de lograrlo.
Dilema
Ante tal dilema, y si no se acude a realizar ajustes para restar participación a los privilegiados hasta hoy a cambio de mejorar a los damnificados, sólo quedaría acudir al realismo mágico. Buscar mucho dinero en vetas no explotadas o insuficientemente explotadas; no dar tregua al fraude fiscal, romper con la permisibilidad, obligar a tributar el 7% perdonado a los de la última amnistía, entre ellos Bárcenas y los de su «generación», no postergar la fiscalidad a las sicav u otras instituciones, y en todo caso, derrocar el pésimo nivel de moral fiscal en lucha sin cuartel contra la corrupción. Sin embargo, sus resultados no serían inmediatos.
Es lamentable que no tiemblen los cimientos del país, sino que se destilen sonrisas, al oír frases como «contabilidad extracontable» o porque el mismo sujeto destine más de 40 millones de euros para asegurarse su pensión. Que no se repudie todo atentado contra el Tesoro público, es todo un síntoma de desinterés y despreocupación por el bien común.
Las palabras de Rajoy asegurando que el nuevo sistema de financiación tendrá en cuenta el gasto sanitario dan confianza, pero es de esperar que no se olvide del gasto educativo y los servicios sociales. La esperanza de esta comunidad con un nuevo modelo es sustancial. Sabido es el maltrato que se le da, hasta el punto de que es la única que aporta más de lo que recibe estando su renta por debajo de la media española. Rajoy ha afirmado que el nuevo sistema estará basado en la «solidaridad, suficiencia, equidad y corresponsabilidad fiscal». Cuatro objetivos plausibles, que debieran estar impresos en el ADN de todo gobernante, aunque, lamentablemente, no es así.
La solidaridad sufre los embates de las comunidades que más tienen e ingresan, que no cejan en quejarse de las ayudas que prestan. En cuanto a la suficiencia, a todas las Comunidades les parece insuficiente la ración de tarta que reciben. La equidad es imprescindible, pero ¡tan difícil de medir! Por último, es fundamental que cada palo aguante su vela -corresponsabilidad fiscal- y aunque a nadie le guste el descredito que le produce el recaudar, debe sufrirlo, si desea el beneficio de administrar los fondos y gozar del crédito que puede reportarle el saber gastarlos.
El cúmulo de buenas intenciones se ha materializado en otras materias, hasta un total
