19 de enero de 2017
19.01.2017

Los bancos deberán responder en 3 meses las reclamaciones por las cláusulas suelo

Gobierno, PSOE y C's pactan el procedimiento extrajudicial gratuito al que podrán acogerse los afectados

18.01.2017 | 23:09
Una protesta contra las cláusulas suelo en la ciudad de Alicante.

Las entidades deberán contestar las peticiones pero no estarán obligadas a devolver el dinero a todo el mundo

Tras dos intentos fallidos, finalmente Gobierno, PSOE y Ciudadanos cerraron ayer un acuerdo sobre el mecanismo extrajudicial para la devolución del dinero que las entidades cobraron de más con las cláusulas suelo consideradas abusivas, que impedían a los hipotecados beneficiarse de las bajadas del euríbor. Un procedimiento gratuito, que se aprobará mediante Real Decreto previsiblemente mañana, y que obligará a las entidades a informar a todos los posibles afectados de la puesta en marcha del proceso y a responder a las reclamaciones que finalmente se presenten en el plazo máximo de tres meses.

Eso sí, esto no significa que los bancos tengan la obligación de devolver el dinero a todo aquel que lo pida. Así, por ejemplo, aquellas entidades que, como el Banco Sabadell, siguen defendiendo que sus cláusulas suelo eran transparentes y que no se produjo ningún tipo de engaño, podrán responder denegando la petición, lo que dejará a los afectados vía libre para acudir a los juzgados. En otros casos podría argumentar que el cliente disponía de los conocimientos necesarios para saber lo que firmaba.

Esta voluntariedad a la hora de reintegrar el dinero es una de las principales críticas que las asociaciones de usuarios realizaron ayer a este acuerdo pero el Gobierno confía en que el incentivo de ahorrarse las costas judiciales sea suficiente para que los bancos acepten pactar. Además, para evitar que las entidades ofrezcan a los afectados menos dinero del que realmente les corresponde, el Decreto establecerá que si un cliente rechaza la oferta del banco y el juez le otorga una cantidad mayor, podrán condenarse al banco en costas. Por el contrario, si la cantidad que decide el tribunal es menor o igual, el banco podrá quedar eximido de esas costas.

Obligación de informar

En cualquier caso, la primera obligación de las entidades será la de informar de manera adecuada a todos los clientes afectados por cláusulas suelo de la puesta en marcha del procedimiento y de la posibilidad de presentar la reclamación, según pactaron ayer Gobierno y PSOE. Desde el momento en que se presente la petición, el banco tendrá tres meses para presentar una oferta al cliente, que contemple la cantidad que se ofrece a devolver y los correspondientes intereses de demora. La devolución deberá realizarse en efectivo como primer opción pero si la entidad ofreciera otro acuerdo al consumidor, como la devolución mediante amortización parcial del capital del préstamo, el banco deberá informar por escrito y avalar con un documento la nueva oferta que, en todo caso, será equivalente al dinero que debe devolver.

El consumidor tendría un plazo de 15 días para evaluar dicha oferta de la entidad financiera, que tiene carácter subsidiario. Si la rechaza y no se produce contraoferta, podrá acudir libremente a los tribunales.

En el ámbito fiscal, las cantidades devueltas no estarán sujetas al IRPF, ya sea el abono por vía extrajudicial como judicial, ya que no suponen un incremento de renta. Sólo en el caso de aquellos que se aplicaron la deducción por vivienda habitual deberán realizar una declaración complementaria para devolver la parte que corresponda pero no se aplicarán ningún tipo de recargo ni de sanción por parte de la Agencia Tributaria.

El portavoz de Economía del PSOE en el Congreso, Pedro Saura, valoró que el nuevo mecanismo sea rápido, gratuito y transparente, mientras que el vicesecretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas, destacó que el consumidor puede optar por recibir la devolución de las cláusulas suelo en efectivo y que los afectados puedan reclamar ante cualquier sucursal de su banco. Por su parte, el ministro de Economía, Luis de Guindos, señaló que lo primero que hay que definir será la cantidad que se ha cobrado de forma indebida, siempre y cuando la cláusula se aplicara de forma incorrecta y recordó que el Gobierno «no puede meterse en medio de una negociación entre particulares».

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