D. NAVARRO
n Pocas veces el sector financiero español ha vivido más pendiente de las sentencias y las decisiones judiciales que a lo largo de este año 2016, en el que la banca ha continuado con lo que parece una interminable reestructuración de su negocio, con un constante cierre de oficinas y reducciones de personal para compensar la caída de rentabilidad y el auge de las operaciones por internet.
El primer gran varapalo judicial al sector, en este caso concreto, a Bankia, llegó de la mano del Tribunal Supremo cuando dictaminó que la entidad había facilitado información engañosa a los inversores durante su salida a Bolsa. El equipo de José Ignacio Goirigolzarri, que en estos cuatro años ha logrado darle la vuelta a la situación de la entidad como un calcetín, no quiso perder más tiempo y tomó una decisión sin precedentes: devolver voluntariamente el dinero a todos los pequeños ahorradores que los solicitaran en las oficinas. Al final lo que se acogieron al proceso fueron unos 135.000 -de los que más de 5.000 eran alicantinos- a los que hay que sumar los cerca de 55.000 que ganaron o llegaron a un acuerdo tras emprender la vía judicial.
La decisión del Supremo vino a ahondar en la mala imagen de todo un sector ya muy tocado por lo ocurrido con la comercialización de las preferentes y otros productos tóxicos, o los desahucios. Una crisis de confianza que ha acabado de apuntillar este mismo mes otro fallo judicial, en este caso del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, al dictaminar que las entidades deben devolver todo el dinero que cobraron de más a sus clientes por las denominadas cláusulas suelo, que impidieron a millones de hipotecados beneficiarse de las bajadas de tipos. El Banco de España calcula que el sector deberá reintegrar unos 4.000 millones pero las entidades no parecen dispuestas a pagar este dinero voluntariamente.
Sobre todo cuando el desplome del euríbor -que, por primera vez en la historia, este año se ha situado en negativo- ha hundido la rentabilidad del sector y está obligando a todos los bancos a ajustar sus redes. Así, el fantasma de las fusiones vuelve a sobrevolar el negocio, con el Banco Popular en el punto de mira de todos. La entidad ya ha asumido que acabará el año con pérdidas -a pesar del cierre de 300 oficinas y la supresión de 2.500 empleos- y sus accionistas han forzado la sustitución de su presidente, Ángel Ron, por Emilio Saracho.
No obstante, lo cierto es que los recortes son generalizados. El Santander ha cerrado este año 450 oficinas y ha reducido en 1.400 personas su plantilla; CaixaBank prejubiló a cerca de 500 personas y el BBVA prevé desprenderse de 130 sucursales. El último en sacar la tijera ha sido el Banco Sabadell, que echará la persiana a 250 oficinas el próximo año y suprimirá otros 800 empleos. Nada hace presagiar que sean los últimos anuncios de este tipo.
