El presidente de Coepa, Francisco Gómez, consideró necesario ayer un «cambio de personas en Cierval», una vez que la patronal autonómica ha decidido solicitar el preconcurso de acreedores al no poder hacer frente a los pagos que tiene por delante. Entre ellos, los 600.000 euros que debía abonar la próxima semana al Consell por las minoraciones en los fondos de formación que recibieron las patronales provinciales, principalmente la de Castellón, de las que la organización es responsable subsidiaria.
De esta forma, sin reclamar explícitamente su dimisión, Gómez hizo patente el descontento de la delegación alicantina con el presidente de Cierval, José Vicente González, por su insistencia en responsabilizar a Coepa de la situación de la autonómica y también por culpabilizarla de la falta definitiva de acuerdo sobre la reforma de sus estatutos, la gran baza que tenía González para evitar la quiebra de la patronal autonómica.
Unos reproches que, según las fuentes consultadas, se repitieron durante la reunión del comité ejecutivo de ayer, en el que Gómez no quiso rebatirle pero salió visiblemente molesto. Y es que, desde que el pasado lunes los máximos dirigentes de Cierval y de las tres patronales provinciales acordaran retrasar la aprobación de esta reforma estatutaria, desde el «cap i casal» no se ha dejado de señalar hacia Alicante -y en menor medida hacia Castellón- como los únicos responsables de la falta de entendimiento. Una valoración que, evidentemente, no comparten en Coepa.
Cuotas impagadas
Desde la patronal alicantina son conscientes de que parte de la delicada situación económica de la autonómica se debe a sus impagos de cuotas -Cierval cifró ayer en 597.620 euros la deuda de Coepa- y también de la generosidad de sus socios al aceptar la quita del 95% sobre esta cantidad para que pudiera salir del concurso de acreedores en que estaba inmersa. Pero también recuerdan que durante años estuvieron advirtiendo de la imposibilidad de pagar unas cuotas tan elevadas como las que exigía Cierval y reclamando una reestructuración de la misma para poder rebajarlas, sin ningún éxito.
Igualmente, denuncian lo que consideran «falta de transparencia» durante las conversaciones para la reforma de los estatutos ya que aseguran que apenas se tuvieron en cuenta sus aportaciones, y que González «se sacó de la manga un borrador» que nadie había consensuado. Al respecto, el representante de los empresarios alicantinos aún considera válido el principio de acuerdo al que llegaron el pasado 9 de noviembre, que prevé reducir la participación de las patronales provinciales en la asamblea de Cierval para dar cabida a asociaciones sectoriales y empresas que aporten nuevas cuotas.
Las únicas exigencias que Coepa habría puesto sobre la mesa, según Francisco Gómez, es que estos estatutos reflejen la «doble adscripción» -es decir, que las empresas y sectoriales que quieran asociarse a Cierval también deban pertenecer a Coepa, para evitar una fuga de socios que ponga en riesgo el plan de viabilidad aprobado por el juzgado para la patronal alicantina- y que también se deje claro que será la organización provincial la que designe a los representantes empresariales en los consejos sociales municipales, de las universidades, etc.
Reestructuración
En cualquier caso, Francisco Gómez destacó que la petición de preconcurso -que se presentará en el juzgado el próximo lunes- otorga ahora un plazo para negociar esta reforma y acordar «un plan de viabilidad completo» que, a su juicio, también debe pasar por una reestructuración de la plantilla de Cierval y de sus costes. Eso sí, ante la experiencia previa, Gómez consideró «necesario que se produzca un cambio de personas» en la cúpula de la patronal autonómica para facilitar el acuerdo entre las partes. Preguntado explícitamente si consideraba que José Vicente González debería dimitir, el alicantino no quiso responder pero señaló: «Yo sí lo haría». No hay que olvidar que en Coepa sí dimitió el anterior presidente, Moisés Jiménez, tras declarar el preconcurso.
Salvaguardar responsabilidades
Más allá de la polémica, lo cierto es que ayer el comité ejecutivo de Cierval aprobó la solicitud de concurso por unanimidad, sobre todo con la intención de salvaguardar la responsabilidades de sus miembros. Lo hizo después de que el auditor de la patronal, Grant Thornton, dejara claro la situación insostenible de la misma, con 1,5 millones de pérdidas en 2015 -597.000 euros por las cuotas impagadas de Coepa y 895.000 atribuibles a Castellón- y una deuda de casi dos millones de euros con proveedores, banca y Consell.
Tras el comité, José Vicente González reconoció el «serio problema financiero» que arrastra Cierval aunque insistió en que no está producido por el propio funcionamiento de la organización, sino por los impagos de Alicante y Castellón. Igualmente, mostró su confianza en que todos «arrimen el hombro por igual» para buscar una solución y que «nadie se quede a mirar los toros desde la barrera».
