El comité directivo de la patronal autonómica Cierval ha aprobado esta mañana, por unanimidad, solicitar el preconcurso de acreedores ante las cuantiosas pérdidas que arrasta y la imposibilidad de afrontar los próximos pagos que tenía pendientes, en especial, la devolución de más de 600.000 euros que debe reintegrar a la Generalitat por cursos de formación. De esta forma, la organización presidida por José Vicente González sigue la estela de la alicantina Coepa y de la castellonense CEC, que ya han pasado por esta misma situación.

Durante la reunión, el auditor de la patronal ha puesto de relieve la situación insostenible de la patronal que, según las cuentas que se han presentado, cerró el año pasado con unas pérdidas de 1.550.000 euros y debe alrededor de dos millones de euros a los bancos, sus proveedores y el Consell. Una situación propiciada por los impagos de Coepa y la CEC -que llevan años sin abonar sus cuotas- pero también por la importante estructura de costes que arrastra y la obligación de responder subsidiariamente por las subvenciones que deben devolver las provinciales, sobre todo la de Castellón.

Cierval tiene el problema añadido de que su principal patrimonio, la sede, es en realidad patrimonio sindical, por lo que no puede venderse para enjugar pérdidas.

El presidente de Cierval se ha resistido hasta el final a solicitar la suspensión de pagos y ha tratado de negociar con el Consell un aplazamiento que no ha llegado. Durante la reunión ha culpabilizado a Coepa y, en menor medida, a la CEC castellonense de la situación, unas críticas que no han recibido respuesta por parte del presidente de los empresarios alicantinos, Francisco Gómez, que ha preferido no tensar la reunión.

González había fiado el futuro de Cierval a la reforma de sus estatutos, con la que pretendía mejorar los ingresos de la organización al permitir la entrada como socios de empresas y organizaciones sectoriales, que hasta ahora sólo podían afiliarse a las provinciales. Sin embargo, la negociación de estos estatutos ha sido más complicada de lo que esperaba el empresario valenciano y, finalmente, se optó por dejar para el próximo año su aprobación, según Valencia, por las trabas de Coepa y, según los alicantinos, porque el último borrador no recogía lo que se había negociado previamente.

En cualquier caso, desde Alicante insisten en que el retraso de esta reforma estatutaria no es lo que ha llevado a Cierval al preconcurso y que ahora lo que debe negociarse en una solución global que permita su viabilidad económica.

La aprobación de la petición de preconcurso, que se presentará en el juzgado el próximo lunes, también deja en el aire la continuidad de José Vicente González como presidente de la patronal autonómica ya que cada vez hay más voces que le cuestionan en la organización.