Una situación ideal. Eso fue lo que ayer describieron ante la magistrada de la Audiencia Nacional Carmen Lamela la primera tanda de testigos seleccionados por el Banco Sabadell para declarar en el marco de la pieza que investiga si hubo delito en la emisión y comercialización de las cuotas participativas de la CAM en las que miles de clientes invirtieron sus ahorros y hoy sin valor alguno.

Dos empleados de la caja de ahorros, ahora en la plantilla del Sabadell, y tres compradores de estos productos, designados también por el banco, dibujaron ante la instructora de este procedimiento un panorama idílico. Según sus testimonios, que tuvieron lugar por videoconferencia, los comercializadores (ambos con domicilio en Valencia) ofrecían a los clientes de la CAM una completa y detallada información de la naturaleza de las cuotas y de los riesgos que reportaban estos valores, referenciados a la Bolsa.

Frente a la principal queja de la inmensa mayoría de los damnificados por la compra de estos valores, muchos de los cuales aseguran que se les ofrecían como si fueran depósitos a plazo fijo, los trabajadores que en su día los vendieron insistieron en que quienes compraban estaban al corriente de todos los pormenores y en que a todos ellos se les entregaba el tríptico en el que aparecían detalladas las luces y las sombras de estos títulos.

No menos perfecto fue el mundo que pintaron los tres compradores que declararon ayer, ninguno de ellos de Alicante. Según su relato, todos estaban al corriente de lo que compraban y de los riesgos que corrían. Uno de ellos, notario de profesión, aseguró que vendió sus títulos por Internet antes de que fueran amortizados a cero euros mientras que otro de los testigos declaró que no lo recordaba bien pero que creía que se los había comprado de nuevo la caja.

Para enero está prevista la segunda tanda de declaraciones de las propuestas por el Sabadell, testigos a los que tanto el letrado murciano Diego de Ramón como el representante legal de Adicae tienen que sumar los suyos.

La magistrada está instruyendo esta causa después de que la Audiencia Nacional la obligara a levantar el archivo que había dictado. El Sabadell y la Fundación CAM están citados como responsables civiles subsidiarios.