La deuda de la Confederación de Empresarios de Castellón (CEC) supera los dos millones de euros tras aflorar otro medio millón este año. La mayor parte está vinculada a retenciones de subvenciones públicas de cursos de formación por no estar suficientemente acreditados. Ayer, la CEC celebró una junta directiva en la que se expuso su situación económica. De los citados dos millones, 600.000 euros corresponden a una deuda directa con la autonómica Cierval por pagos que realizó esta última por planes formativos, y el resto también está ligado a cursos gestionados por la CEC. Como esta última carece de ingresos, la deuda pasa automáticamente a depender de la Cierval, que también está sin blanca.

El afloramiento de ese medio millón adicional complica aún más, si esto es posible, la situación de la autonómica, que, como adelantó ayer este diario, se va a ver abocada al preconcurso de acreedores si no se produce un milagro antes de que el día 20 finalice el plazo para abonar una deuda de aproximadamente 600.000 euros contraída con el Consell por cursos de formación de sus tres provinciales, singularmente la CEC. Tal como afirmaron ayer el conseller de Hacienda, Vicent Soler, y el presidente de la patronal autonómica, José Vicente González, hay disposición al diálogo, pero buena parte de una posible solución pasa por la saneada provincial de Valencia CEV y la mayoría de los miembros de su comité ejecutivo no está dispuesta a asumir más responsabilidades. Así, se barajan tres posibles soluciones: que la Generalitat adelante el 50% de los pagos de 2017 por la Ley de Participación Institucional, aunque no está claro si sería suficiente; que se busque un aval bancario, que ninguna entidad está dispuesta a dar; o que se acepte como garantía hipotecaria la sede de Cierval. El problema es que ésta, en realidad, es propiedad de la CEV, que no parece dispuesta a ceder.