Los problemas se multiplican en la patronal autonómica Cierval, precisamente ahora que parecía que había enfilado el camino a la supervivencia. La organización se encuentra al borde de presentar el preconcurso de acreedores debido a que la Generalitat, en contra de sus pronósticos, ha denegado el aplazamiento de una deuda de aproximadamente 600.000 euros que la confederación tenía contraída con ella a causa de los cursos de formación. Las fuentes consultadas aseguran que en la Conselleria de Hacienda -que no atendió la llamada de este diario- «no ven clara la viabilidad» de Cierval y, en consecuencia, que pueda pagar más adelante.

La deuda pertenece a las tres provinciales que integran la autonómica, pero solo una de ellas, la valenciana CEV, dispone de recursos para devolver el dinero por discrepancias en la ejecución de cursos. Además, es la que adeuda menos cantidad. El problema es que el grueso de esa cifra corresponde a la castellonense CEC y, en menor medida, a la alicantina Coepa, que no tienen recursos. Así que es Cierval, como organización cúpula aunque no gestionó directamente ese dinero, la que debe hacer frente a los pagos. Y la autonómica tampoco tiene dinero y el plazo para abonar esos 600.000 euros concluye el 20 de diciembre.

Ante esta situación, el presidente de la organización, José Vicente González ha optado por convocar un comité ejecutivo para el próximo viernes con el objetivo las cuentas de la organización y para tomar una decisión sobre la solicitud de preconcurso. Una medida que permitiría ganar tiempo para buscar soluciones pero, sobre todo, salvaguardar las posibles responsabilidades de los gestores de la patronal.

En cualquier caso, Cierval no se rinde y ha presentado un recurso de reposición -el propio José Vicente González mantiene discretas conversaciones con la Generalitat- con la esperanza de un cambio de opinión de última hora. Otras fuentes de la organización, sin embargo, se mostraron totalmente pesimistas y dieron por hecho que el preconcurso es inevitable.

Negociación

Por otra parte, Cierval también decidió ayer aplazar la asamblea extraordinaria que había convocado el 20 de diciembre para aprobar la reforma de sus estatutos, después de que la reunión a cuatro bandas entre los responsables de la autonómica, la CEV valenciana, la CEC castellonense y la alicantina Coepa no lograra cerrarse con un acuerdo total sobre su articulado. Desde el «cap i casal» se culpa del retraso a las «pegas» que están poniendo los alicantinos que, a su vez, defienden su derecho a lograr el mejor acuerdo posible. Por lo pronto han conseguido que cada provincia mantenga su propia patronal con personalidad jurídica diferenciada pero se quiere conseguir la doble adscripción, es decir, que las empresas que se asocien a Cierval también deban estarlo a las provinciales. El problema es que la autonómica necesita aprobar cuando antes la reforma para mejorar sus ingresos.