La directora de relaciones laborales de la patronal de las pymes -Cepyme-, Teresa Díaz de Terán, pidió ayer que se adelante en el tiempo la implantación total de la reforma de las pensiones de 2011, que suponía ampliar la edad de jubilación progresivamente de forma que llegará a los 67 años en 2027. Durante su intervención ante la Comisión parlamentaria del Pacto de Toledo, Díaz de Terán propuso profundizar en dicha reforma, que, a su juicio, tiene un periodo de implantación amplio, así como evaluar el impacto económico que tendría acortar dicho periodo de tiempo.
La reforma de 2011 ampliaba desde los 35 hasta los 38 años y 6 meses los años de cotización necesarios para acceder a la jubilación a los 65 años y lo hacía de manera progresiva (3 meses por año), así como el paso de la edad de jubilación de los 65 a los 67 años desde 2013 hasta 2027 (1 mes por año hasta 2018 y 2 meses en adelante).
Asimismo, establecía una ampliación del cómputo para calcular la base reguladora de la pensión, de 15 a 25 años (a 1 año más desde 2013 a 2022), si bien Díaz de Terán indicó que lo deseable sería que se tuviera en cuenta toda la vida laboral. «No planteo reducir las pensiones, pero estoy segura de que los números no salen y las pensiones que se están pagando ahora no serán posibles el día de la mañana, sobre todo, las más altas», aseguró.
Por otro lado, Díaz de Terán planteó separar las bases de cotización, de manera que la Seguridad Social deje de financiar las tarifas planas y las reducciones de cuotas sociales, así como las de los regímenes especiales agrario y de empleadas del hogar.
Colaborar con las mutuas
La directora de Relaciones Laborales de Cepyme abogó también por mejorar la coordinación con las mutuas colaboradoras de la Seguridad Social, así como por impulsar los sistemas de previsión social, que «deben ser complementarios y libres».
Preguntada sobre la opción de destopar las bases máximas de cotización, dijo que «supone un coste importante para las empresas» y dejí claro que si se lleva a cabo habría que destopar también las pensiones de jubilación «porque se trata de reforzar la contributividad». Y respecto al envejecimiento activo, consideró que el cobro del salario y del 100% de la pensión de jubilación «no es compatible con la incorporación al mercado laboral de los más jóvenes y con la naturaleza de pensiones como sustitución de rentas del trabajo».
Sin embargo, la propuesta de Cepyme sobre la posibilidad de acortar en el tiempo la entrada en vigor de la reforma de las pensiones que se hizo en 2011, sembró ayer dudas en algunos de los grupos parlamentarios.
El diputado popular Jose María Barrios consideró que cobrar una pensión calculada con todo lo cotizado durante la vida laboral «estaría bien si hoy empezáramos a andar en un sistema», pero que estamos en una situación distinta y compatibilizar ambas es «bastante complicado».
«En nuestro sistema actual estamos pagando pensiones que cotizaron 10 años y cobran el 100% al calcularse con los dos últimos años, lo que genera picaresca», dijo Barrios, quien recordó también las pensiones del antiguo SOVI que aún quedan y que, con un día de cotización, ya generaban el derecho.
También el diputado de Podemos Alberto Montero criticó esta propuesta y advirtió de que implica adelantar el recorte de las pensiones y que la evaluación del coste de esta reforma la hizo Funcas, que calcula que será del 20%.
Asimismo, Montero cuestionó que «es una contradicción plantear la necesidad de que el sistema ha de ser cada vez más contributivo, resaltando el esfuerzo de los empresarios con las cotizaciones, y pretender que ese sistema garantice unas condiciones de vida dignas para los pensionistas».
PSOE: «Obvia la reforma de 2013»
Por su parte, la portavoz socialista, Mercè Perea, subrayó el hecho de que Díaz de Terán haya obviado en su discurso la reforma de las pensiones de 2013 (llevada a cabo por el anterior gobierno popular) y que haya apostado por recuperar la de 2011, «que se llevó a cabo con el consenso de todos los agentes».
Desde el grupo parlamentario de Ciudadanos, el portavoz, Sergio del Campo, valoró la posibilidad de sacar la financiación los gastos operativos del sistema de la Seguridad Social, algo que calcula en torno a unos 2.000 millones, «de forma que se convierta en algo similar a la Agencia Tributaria».
