«El compromiso que adquirí con los empresarios termina aquí. Ahora serán otros los que deban tomar las riendas». Con estas palabras el todavía presidente de Coepa, Francisco Gómez, daba ayer por cerrada su etapa al frente de la patronal alicantina después de haber logrado que la junta de acreedores aprobara esa misma mañana el convenio que permitirá a la organización esquivar su liquidación, algo que muchos daban por imposible hace solo unos meses.
Eso sí, la marcha de Gómez no será inmediata ya que, como señaló, su intención es seguir al frente de la patronal durante unos seis meses más antes de convocar la asamblea electoral para asegurarse de que se cumplen los términos del convenio, lavar la imagen de la organización y dar tiempo a que surjan candidatos para sustituirle. «Hay empresarios jóvenes y muy válidos que estoy seguro de que acabarán dando un paso adelante», apuntó, sin dar ningún nombre, tras descartar taxativamente la posibilidad de presentarse a la reelección.
En cualquier caso, Gómez, que asumió la presidencia de Coepa en marzo de este año tras la dimisión precipitada de Moisés Jiménez, dio por zanjada la crisis económica que ha vivido la patronal por los excesos cometidos en otros tiempos -sobre todo con la construcción del centro de oficios, cuya hipoteca fue la que obligó a solicitar el concurso- y que ha estado a punto de suponer su desaparición.
En su opinión, Coepa sale de este proceso con un «nuevo modelo», basado en una estructura mínima -apenas conserva dos trabajadores, uno de ellos a tiempo parcial-, que le permite ser independiente de las subvenciones y, por tanto, del poder político «para poder defender los intereses de la provincia», y citó como prioridades inmediatas en las que trabajar la defensa del trasvase del Tajo o el Corredor Mediterráneo. Es más, Gómez incluso presumió de haber marcado el camino al resto de patronales de la Comunidad Valenciana, que ahora seguirán estos mismos pasos de ajustar sus gastos para garantizar su viabilidad.
Retos pendientes
Francisco Gómez no quiso ocultar que, pese al hito que supone haber logrado la aprobación del convenio para salir del concurso de acreedores -con un 90,55% de adhesiones-, aún tiene importantes asuntos por resolver, incluso en el ámbito económico. En este sentido, el convenio supondrá una quita del 95% pero sólo de la deuda ordinaria, que representa unos 780.000 euros, de los que el 75% se deben a la patronal autonómica Cierval. Coepa tendrá todavía pendiente de abonar más de un millón de euros en indemnizaciones a los trabajadores y al Fogasa que seguirá pagando durante los próximos ocho años. También deberá ver cómo acaba la batalla con el Instituto Valenciano de Finanzas, al que se le deben 3,2 millones de euros por la hipoteca del centro de oficios.
El plan de viabilidad de la patronal contempla la venta del inmueble para pagar el crédito, lo que en la práctica supondrá que el banco público deberá ejecutar el préstamo y quedarse el inmueble ya que es muy poco probable que nadie lo quiera, teniendo en cuenta que se ubica sobre una parcela municipal y que pasará a ser propiedad del Ayuntamiento de Alicante cuando finalice el plazo de cesión, en unos 14 años. El banco público ya trató de oponerse al convenio y ahora tendrá un plazo de 10 días para presentar nuevas alegaciones. También podrá recurrir una vez que el juez dicte su sentencia definitiva sobre el convenio. Hasta la fecha el Consell asegura que aún no ha tomado una decisión al respecto y que lo sigue estudiando.
Gómez instó a la Administración autonómica a no perder más tiempo y asumir cuanto antes la gestión del centro de oficios «por bien del interés general», ante el aumento de la siniestralidad de más de un 40% que se ha registrado en el sector de la construcción. También pidió que Ayuntamiento y Generalitat se pongan de acuerdo sobre la cuestión.
Investigación por fraude
Gómez también se refirió a la investigación que ha abierto un juzgado por supuesto fraude en subvenciones, tras la denuncia presentada por el Servef. Según explicó, la patronal aún no ha recibido ninguna notificación del juzgado, por lo que ha optado por personarse en la causa por propia voluntad para conocer la evolución del proceso. El todavía presidente se mostró convencido de que la causa no prosperará ya que, según afirmó, la documentación en poder de la patronal prueba que no hubo desvío de fondos ni ninguna irregularidad.
En la misma línea, destacó que el juez que tramita el concurso de acreedores tampoco ha encontrado «nada reprobable» en la gestión de la patronal. Entre los retos pendientes también está recuperar la unidad de todo el empresariado bajo el paraguas de Coepa, lo que supone acabar con «la guerra» con Cepyme y Fempa, algo que se mostro convencido de conseguir «porque todos coincidimos en el modelo de patronal que queremos». Está por ver qué responden estas organizaciones.
