Tras meses de desencuentros, los presidentes de las tres patronales provinciales de la Comunidad y de la autonómica Cierval alcanzaron ayer un pacto de caballeros para salvar de la quiebra el sistema de representación empresarial valenciano y buscar una solución que permita a todas las organizaciones seguir subsistiendo. Un principio de acuerdo que deberá hacerse oficial hoy y que, salvo sorpresa, supondrá que la junta directiva de la patronal autonómica votará a favor del convenio de acreedores propuesto por Coepa -que incluye una quita del 95% de su deuda- lo que permitirá a la alicantina esquivar la liquidación.

La posición de Cierval en este asunto resulta clave ya que la organización presidida por José Vicente González es la tenedora del 75% de la deuda ordinaria de Coepa, lo que significa que de ella depende en exclusiva la aprobación o el rechazo del citado convenio en la junta de acreedores que debe celebrarse el próximo viernes. En un principio, desde Alicante esperaban que la patronal autonómica aprobara su respaldo al documento en su reunión del pasado 25 de octubre, pero sus dirigentes decidieron postergar la decisión y encargar un informe jurídico que, según las fuentes consultadas, habría avalado conceder la quita, siempre que no afecte a la propia viabilidad de Cierval. Un extremo, este último, que se descarta ya que la patronal autonómica tiene completamente provisionada la deuda de Coepa.

Para el apoyo de los empresarios valencianos y castellonenses al convenio también ha sido clave la decisión del juez de rechazar el recurso que había presentado el Instituto Valenciano de Finanzas (IVF) -titular de la hipoteca del centro de oficios de Coepa- contra el plan de viabilidad de la patronal alicantina, lo que les habría convertido en los únicos verdugos de la organización presidida por Francisco Gómez, en caso de rechazarlo. Así, la mayoría de los empresarios es partidario de dar respaldo a la propuesta, tal y como ya avanzó este diario el pasado sábado.

En cualquier caso, el acuerdo alcanzado ayer -en una reunión convocada por González para destensar el ambiente ante la junta de hoy- va más allá de la situación particular de Coepa y busca garantizar que todas las organizaciones se apoyarán entre sí para superar las dificultades económicas por las que atraviesan. Así, otro de los puntos claves del pacto es la puesta en marcha de un plan de viabilidad con carácter urgente que evite, a ser posible, la entrada en concurso de la propia Cierval, que se encuentra en situación crítica por los impagos de la propia Coepa y la CEC, y por la obligación de devolver alrededor de 700.000 euros como responsable subsidiaria por el supuesto fraude cometido por la patronal de Castellón con el dinero de los fondos de formación. De hecho, una de las primeras medidas que se ha decidido es solicitar un aplazamiento en el pago de este dinero a la Generalitat para disponer de más tiempo.

Esto supondrá, entre otras cosas, que alicantinos y castellonenses tendrán que ceder definitivamente y aceptar que las empresas y las patronales sectoriales puedan afiliarse directamente a Cierval para mejorar sus ingresos, una opción a la que se oponían para evitar una merma de sus propios ingresos. Desde Coepa también se ha propuesto ceder parte de los pagos que le corresponderían por la Ley de Participación Institucional -a los que tampoco puede aspirar por falta de personal para atender las obligaciones que estas ayudas comportan- y analizar otras alternativas para contribuir al sostenimiento de la autonómica. Ésta, por su parte, deberá acometer un plan de ajustes para reducir sus gastos. En cualquier caso, será la junta de hoy la que deba tomar una decisión oficial sobre todos estos aspectos.