El presidente de Coepa, Francisco Gómez, se ha mostrado convencido de que la causa por el supuesto fraude en subvenciones que la patronal habría cometido con las ayudas recibidas para la construcción de su centro de oficios "quedará en nada y se archivará" tras las primeras pesquisas. Así lo ha asegurado tras conocer que el juzgado de Instrucción número 9 de Alicante ha admitido a trámite la denuncia presentada por el Servef por esta causa y que tiene previsto llamar a declarar a los responsables de la organización en enero. Eso sí, la patronal asegura que todavía no tiene ninguna notificación oficial al respecto.

A pesar de ello, en Coepa ya han preparado toda la documentación para demostrar que "no se ha producido ningún desvío de fondos y que nadie cobró dos veces por el mismo trabajo". La denuncia del Servef surge después de que el organismo público cruzara sus datos con el Instituto Valenciano de Finanzas y descubriera que la patronal había utilizado las mismas facturas para justificar las subvenciones recibidas para la construcción del centro de oficios y la disposición de fondos de la hipoteca que le concedió el IVF. Además, en su escrito de denuncia, el Servef también apuntaba que estas facturas sólo sumaban 4,77 millones de euros cuando, en total, la patronal había recibido 6,8 millones de los dos organismos públicos citados, por lo que aseguraba que se desconocía el destino de más de dos millones de euros.

Sin embargo, Gómez asegura que el error que ha cometido el Servef es tener en cuenta únicamente las facturas de una de las compañías que intervinieron en la obra -CHM- y que si se suman los gastos del resto de mercantiles que participaron se alcanza la citada cifra de 6,8 millones. Así, la organización ya ha recabado toda la documentación en su poder "para presentarla al juzgado en cuanto proceda".

También señala que la utilización por duplicado de las mismas facturas no supone ningún incumplimiento y que se deriva, precisamente, del proceso que exigía el Servef para justificar las ayudas. Así, el organismo público exige que las facturas estén pagadas antes de abonar las subvenciones, para lo que se utilizaba el dinero del crédito y, una vez que cobrada la ayuda, el dinero se destinaba a seguir con nuevas fases de la obra.

"Hemos analizado toda la documentación en nuestro poder y podemos demostrar que no ha habido ningún fraude", insiste Gómez.