Justo un año después de presentar en el juzgado la solicitud de preconcurso ante la imposibilidad de pagar sus abultadas deudas -sobre todo la hipoteca de su malogrado centro de oficios-, Coepa se enfrenta esta semana a su particular «día D». Será el próximo miércoles, cuando el comité ejecutivo de la patronal autonómica Cierval, su principal acreedor ordinario, debe decidir oficialmente si acepta el convenio propuesto por la organización alicantina y le da una nueva oportunidad o si, por el contrario, la condena irremediablemente a la liquidación.
Si no hay sorpresas de última hora, todo apunta a que los empresarios castellonenses y, sobre todo, los valencianos, que hasta el momento eran los más reticentes, aceptarán el planteamiento de Coepa y permitirán que la patronal provincial salve su segundo «match ball» en muy pocos días. El primero se produjo hace apenas una semana, cuando el juez tumbó el recurso que el Instituto Valenciano de Finanzas (IVF) había presentado contra ese mismo convenio, lo que hubiera llevado a la desaparición inmediata de la confederación.
Eso sí, el visto bueno de Cierval -que deberá ratificar formalmente dos días después, en la junta de acreedores del día 11- no supondrá ni mucho menos el final del camino ni de los problemas. El presidente en funciones de Coepa, Francisco Gómez, se enfrentará entonces al reto de refundar la patronal y de conseguir que las organizaciones críticas -Cepyme y Fempa- acepten firmar defintivamente la paz, además de tener que cumplir con las previsiones económicas establecidas en su plan de viabilidad. También deberá esforzase por encontrar a alguien que quiera sustituirle en el cargo, lo que tampoco es tarea fácil en estos momentos. En conjunto, un proceso para el que se da un plazo de seis meses.
En total, Coepa debe 4,1 millones de euros para los que propone tres soluciones distintas. La deuda ordinaria suma 769.000 euros -de los que 569.000 se deben a Cierval- para la que propone una quita del 95% y el pago del resto dentro de seis meses. Para la hipoteca del centro de oficios que se debe al IVF -3,2 millones- se plantea la «realización» del activo, es decir, su venta para saldar la deuda. Si no hay comprador, se ejecutaría sin más la hipoteca. El millón y pico restante es la deuda con los extrabajadores y el Fogasa, que se pagaría en ocho años.
Lo cierto es que la propuesta de convenio de Coepa no resulta a priori nada atractiva, y más si se tiene en cuenta que en esa misma reunión Cierval también debe decidir si solicita su propio concurso de acreedores, una situación a la que ha llegado por culpa de los impagos de las cuotas de la propia patronal alicantina y de la CEC castellonense. Al fin y al cabo, lo que pide Coepa es que le perdonen el 95% de su deuda.
Sin embargo, Francisco Gómez lo ha planteado siempre desde otro punto de vista. «No deben decidir si perdonan un 95%, lo que se plantea es si quieren cobrar un 5% y que Coepa pueda seguir pagándoles cuotas en el futuro, o si no reciben nada, que es lo que ocurrirá si vamos a liquidación», ha insistido, una y otra vez, durante estos días. En teoría, a Gómez le hubiera bastado con el apoyo de los castellonenses para sacar adelante el convenio -Coepa y CEC suman el 59% de los votos en la asamblea de Cierval- pero eso supondría en la práctica romper la patronal autonómica, por lo que el promotor se ha esforzado para convencer a la provincial de Valencia (la CEV) para que se sume a su planteamiento.
Si lo consigue y el miércoles se confirma el apoyo unánime del comité de Cierval, la patronal alicantina tendrá una nueva oportunidad, aunque tampoco será un camino de rosas. Para empezar, porque el IVF podría volver a recurrir una vez que se apruebe definitivamente el convenio de acreedores, aunque la contundencia del juez al rechazar el anterior recurso no ha dejado en buen lugar a los responsables del banco público. En pocas palabras, el magistrado les viene a decir que su empeño en liquidar la patronal sólo supondría un perjuicio para el resto de los acreedores -entre ellos, la veintena de trabajadores despedidos- y no le reportaría ninguna ventaja ni mayores opciones de recuperar el dinero prestado.
Más allá de lo que decida la Administración autonómica, Gómez tendrá que ingeniárselas para atraer al redil a Cepyme -expulsada de la patronal tras un cambio de estatutos «ex profeso» para acabar con el azote constante de su presidente, Cristóbal Navarro, durante los comités de la patronal- y a Fempa, que sigue formando parte de la organización, aunque fuera de sus órganos de gobierno. No será fácil, ninguna de estas dos organizaciones es favorable a la continuidad de Coepa y abogan por hacer tabla rasa con una organización de nuevo cuño, algo que rechaza Gómez para no perder la vinculación con Cierval y CEOE.
Para vencer estas reticencias, el también presidente de la Asociación de la Empresa Familiar está dispuesto a ofrecerles una nueva reforma de estatutos acorde a sus exigencias que, por ejemplo, reequilibren el poder dentro de la asamblea. En la actualidad, los votos se reparten en función de las cuotas que cada asociado esté dispuesto a pagar: si se abonan dos cuotas, se tienen dos delegados y así sucesivamente. El resultado es que hay empresas particulares con diez delegados -sobre un total de 198- mientras que asociaciones como las del calzado o la del turrón sólo cuentan con dos representantes, porque no pagan más. Desde Cepyme ya se exigió en su día que se limitara el peso de estas empresas y que se reservara un mínimo a las asociaciones en función de su representatividad, algo que entonces se rechazó.
Francisco Gómez también está dispuesto a garantizar una organización independiente del poder político y, por tanto, de las subvenciones públicas, e, igualmente, planteará una renovación total de los cargos. Todo para recuperar la unidad del empresariado, que considera imprescindible para volver a prestigiar a la patronal y lograr que aumente su afiliación, una de las claves para garantizar la viabilidad económica de la misma. El también fundador del Grupo Marjal tiene a su favor las conversaciones que se desarrollaron al inicio del pasado verano, que permitieron un acercamiento con los críticos y el «cese de las hostilidades».
La pacificación también es un factor decisivo para encontrar un nuevo presidente dispuesto a asumir las riendas de Coepa, una tarea que tampoco se antoja sencilla ya que nadie quiere asumir el desgaste. Hasta ahora se ha hablado de la posibilidad de que dieran el paso adelante el presidente de Baleària, Adolfo Utor, que se acabó autodescartando por el rechazo que suscitó entre algunos empresarios locales por su cercanía al Consell y su ideario más autonomista que provincialista; también del presidente del Ineca, Perfecto Palacio, que tampoco parece dispuesto a exponerse de esta forma; y en los últimos tiempos se les ha sumado el nombre del Javier Fur, presidente del Círculo de Economía.
El problema en este último caso es que Fur acaba de asumir la presidencia del Grupo Marjal, precisamente, en sustitución del propio Francisco Gómez, lo que no le dejaría demasiado tiempo para ocuparse de la patronal. La estrecha relación entre ambos, casi de carácter familiar, tampoco favorece su candidatura ya que podría malinterpretarse, algo que ninguno de ellos desea.
Sea como sea, el actual presidente de Coepa se da un plazo de seis meses tras la aprobación del convenio para cumplir con estos planes y abandonar el cargo, un tiempo en el que también quiere asegurarse de que se cumplan las previsiones económicas del plan de viabilidad.
Si, frente a lo esperado, Cierval decide rechazar el convenio de acreedores propuesto por Coepa, la patronal tendrá que ir a liquidación, sus dirigentes cesarían en el cargo y sería el administrador concursal el responsable de llevar a cabo el proceso. Es decir, la venta de los bienes de la organización -apenas algunos muebles, ya que el centro de oficios iría a pagar la hipoteca del IVF- y su extinción.
En ese momento se abriría una batalla por ver quién ocupa el hueco que quedaría libre como portavoz de los empresarios alicantinos. Una opción sería que Cierval, si logra sobrevivir a sus propios problemas económicos, pusiera en marcha una delegación en la provincia pero se enfrentaría a la mayoría de asociaciones sectoriales que rechazan esta alternativa.
Otra posibilidad es la fundación de una patronal de nuevo cuño, que se basaría en las negociaciones entabladas por varios dirigentes empresariales a principios del pasado verano. En este caso, el problema sería esquivar la continuidad de negocio, es decir que la justicia no interpretara que se trata de la misma patronal pero con otro nombre, lo que sería contrario a la ley. Teniendo en cuenta que los socios serían los mismos -las organizaciones sectoriales- sería bastante complicado evitarlo.
Por último, está el planteamiento de Cristóbal Navarro de aprovechar la actual estructura de Cepyme para constituir una nueva patronal generalista, reformando sus estatutos y sus órganos de gobierno para dar cabida a todo el mundo. Así se evitaría esa continuidad prohibida por la ley, puesto que Cepyme es una organización que ya existe. El problema es el rechazo que genera el propio Navarro entre una parte del empresariado, tras años de continuos enfrentamientos, que vería esta opción como una claudicación ante el representante de las pequeñas empresas.
El presidente de Cepyme considera, sin embargo, que sería la mejor opción, incluso si Coepa logra que le aprueben el convenio ya que considera que la patronal sigue teniendo demasiados problemas pendientes. Pero eso será una discusión para más adelante. De momento, el primer paso será conocer qué ocurre el próximo miércoles, el día más crucial en la historia de Coepa.
