«Ha llegado el momento de eliminar el dinero en metálico. Es una institución anticuada, casi barbárica, con serias consecuencias negativas para el bienestar de todos. Y eliminarlo no sólo es factible, es sencillo. De entre todas las medidas de política económica que los países occidentales pueden adoptar en estos momentos, no existe ninguna otra con unos retornos tan altos». El autor de esa afirmación es el economista asturiano Jesús Fernández-Villaverde, catedrático de la Universidad de Pensilvania quien ha aparecido últimamente como uno de los miembros más activos de una corriente de pensamiento que defiende la eliminación del efectivo, y no sólo como una forma de actuar contra la evasión fiscal y otras actividades ilegales (terrorismo, narcotráfico, corrupción...), sino también por las nuevas posibilidades que, según estos intelectuales, se abrirían para hacer frente a los procesos de recesión.
En algunos países europeos el uso de billetes y monedas es ya testimonial. Los suecos pagan el 95% de sus transacciones, incluidas las más cotidianas (comprar el pan o tomar un refresco), por medios electrónicos (tarjeta, internet o aplicaciones móviles). Otro tanto ocurre con los ciudadanos de Dinamarca, donde desde el 1 de enero pasado comercios y otros negocios pueden negarse a aceptar efectivo. Es así en dos de los países con mayor bienestar del mundo y que asimismo destacan por los bajos niveles de fraude fiscal y laboral, aun tratándose de territorios con presiones tributarias muy elevadas. En los estados del sur de Europa, con más economía sumergida, los hábitos son distintos: los españoles hacen el 80% de sus compras en metálico, y no parece que las restricciones en vigor desde 2012 (prohibición de abonos en efectivo superiores a 2.500 euros) hayan revolucionado las costumbres de pago.
¿Qué consecuencias tendría y qué problemas plantearía suprimir el uso de billetes y monedas? A partir de las opiniones de Jesús Fernández-Villaverde y del también economista Manuel Lucas Durán, autor de un artículo de investigación sobre el tema, las oportunidades que traería un mundo sin efectivo pueden clasificarse en dos categorías: como mecanismo para combatir más eficazmente el fraude y la elusión fiscales y como un cambio que abre nuevas e inexploradas posibilidades para luchar contra las crisis por medio de la política monetaria.
«El actual formato del dinero en efectivo permite la proliferación de determinadas actividades ilegales que utilizan los billetes emitidos por el respectivo banco central como instrumento de intercambio económico y retribución», señala Manuel Lucas Durán, profesor de la Universidad de Alcalá.
«La mayoría del dinero en metálico se emplea para actividades ilegales: drogas, tráfico de armas, sobornos, fraude al fisco», sostiene Fernández-Villaverde, y cita el caso de los billetes de 500 euros. Según datos del BCE, estos últimos suponen casi el 25% de todo el efectivo en circulación (más del 60% en España, según algunas estimaciones). Es la denominación preferida por defraudadores y otros delincuentes, entre otras razones porque permite almacenar y mantener ocultas en muy poco espacio fortunas colosales.
Al igual que las citadas actividades delictivas, las transacciones que se llevan a cabo en el ámbito de la economía sumergida se hacen en metálico, con gran quebranto para las haciendas públicas y enorme dificultad para que las administraciones tributarias puedan identificar a los responsables. El efectivo deja pocos rastros y suprimirlo cambiaría mucho las cosas. «Si los distintos estados eliminaran la moneda de curso legal en el sentido tradicional (monedas y billetes) y los sustituyeran por una moneda electrónica, el sistema monetario se convertiría inmediatamente en la mayor fuente de información en relación con las transacciones económicas verificadas en la moneda de curso legal en cada país (...), de manera que desaparecería de golpe y por definición la economía sumergida», expone Lucas Durán.
Sustituir el dinero en efectivo por electrónico es técnicamente viable y no presenta más riesgos de seguridad que aquellos de los que ya se protege la banca para evitar ciberataques o errores de transferencias de datos.
