La magistrada Carmen Lamela, instructora de los procesos que se siguen en la Audiencia Nacional por la gestión de la CAM, ha relajado las medidas cautelares impuestas a los empresarios de Benidorm Juan Ferri y José Baldó, ambos imputados (ahora investigados) en dos piezas: la abierta por los negocios que la caja de ahorros montó con ellos en el Caribe y la que indaga los que pusieron en marcha con Bancaja también al otro lado del Atlántico.
La juez ha accedido al planteamiento de los hoteleros de presentarse en el juzgado una vez al mes en vez de cada quince días, como venían haciendo hasta ahora. Unas comparcencias que, pese a mantenerse, distan mucho de las diarias que acordó el magistrado Javier Gómez Bermúdez cuando comenzó a instruir estos hechos, va a hacer ahora tres años.
Además de estas personaciones periódicas Ferri y Baldó tienen retirado el pasaporte como consecuencia de su situación procesal aunque en un par de ocasiones se les ha devuelto temporalmente y se les ha permitido viajar hasta México, donde radica el grueso de sus negocios, argumento que han esgrimido para reclamar el documento.
Los empresarios, que esta misma semana han llegado a una conformidad tras abonar 2,5 millones de euros por un fraude a Hacienda en la venta de la conservera murciana Cofrutos del que se han declararon culpables, están a expensas de lo que arroje la instrucción de los dos procesos de las cajas.
