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Coepa cederá ayudas a Cierval pero pide su apoyo en el concurso

La patronal alicantina propondrá que la autonómica reciba un mayor porcentaje de subvenciones

Francisco Gómez y José Vicente González, durante un acto. jose navarro

­Tú me ayudas ahora para que yo te ayude después. Más o menos ésta es la filosofía con la que Coepa encara el comité ejecutivo que la patronal autonómica celebra hoy y en el que, entre otras cosas, se va a analizar la propuesta de convenio que ha presentado la organización alicantina para superar el concurso de acreedores y que pasa necesariamente porque Cierval acepte una quita del 95% en su deuda. El equipo encabezado por Francisco Gómez es perfectamente consciente de que se trata de una renuncia considerable pero, aún así, confía en lograr el apoyo de sus homólogos de Castellón y Valencia para sacarla adelante.

Por un lado, porque, como recuerdan los alicantinos, los castellonenses pronto necesitarán del apoyo del resto de patronales provinciales para salvar su propio concurso de acreedores y, por otro, porque sus votos son igualmente necesarios si se quiere reformar la estructura de Cierval para evitar que también caiga en la quiebra.

En este caso, la clave de la operación está en que la provincial de Valencia, la CEV -la única saneada-, acepte fusionar su estructura con la autonómica. Sin embargo, un informe jurídico encargado por sus dirigentes desaconseja por completo esta integración ya que eso les obligaría a responsabilizarse de los problemas del resto, lo que ha llevado a su presidente, Salvador Navarro, a aparcar el proceso hasta conocer el grado de compromiso de Alicante y Castellón.

Así las cosas, Coepa va a llevar al encuentro su propia propuesta para contribuir a la viabilidad de la futura Cierval y demostrar ese compromiso con el futuro de la patronal autonómica. En concreto, la alicantina planteará renunciar a una buena parte de los ingresos que le corresponden por la Ley de Participación Institucional -las ayudas que el Consell otorga a los agentes sociales por formar parte de organismos públicos de asesoramiento o por la negociación de convenios-, para que ese dinero vaya directamente en el futuro a las arcas de la autonómicas.

Según el acuerdo vigente, en la actualidad Cierval se queda con el 20% de esos fondos y el resto se reparte entre las patronales provinciales en función de la cuota que tienen en la asamblea, que en el caso de Coepa es de alrededor de un 33%. La organización alicantina estaría dispuesta a ceder hasta dos tercios de su cuota -en 2015 le correspondieron 690.000 euros- , lo que podría suponer unos 400.000 euros anuales más para Cierval, según las fuentes consultadas, que le ayudarían a superar su delicada situación. De hecho, el plan de viabilidad que la patronal alicantina ha presentado en el juzgado ya contempla unos ingresos por este concepto muy por debajo de la cantidad a la que teóricamente podría aspirar, precisamente, con la vista puesta en este planteamiento. No obstante, también hay que tener en cuenta que para recibir estas ayudas hay que justificar los gastos realizados y que, con la escasa plantilla actual de Coepa, resulta muy difícil alcanzar la cifra máxima prevista para ella.

Doble afiliación

Por otra parte, Coepa también está dispuesta a ceder y a aceptar que las organizaciones sectoriales y las empresas puedan afiliarse directamente a la organización autonómica para elevar sus ingresos. Eso sí, siempre que se tratara de una doble afiliación a Cierval y a Coepa. En cualquier caso, está por ver si la propuesta llega a tiempo o si ya es tarde para evitar la entrada en concurso de la organización autonómica, ante los pagos inminentes que tiene que afrontar.

Por su lado, la propia Coepa tampoco tendría asegurada la salvación si Cierval acepta la quita del 95% que le ha planteado, ya que el juez todavía debe pronunciarse sobre el recurso que presentó el Instituto Valenciano de Finanzas contra la propuesta de convenio al considerarla ilegal. Además, también pende sobre la patronal la denuncia penal que el Servef presentó en su contra por un supuesto fraude en subvenciones.

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