La patronal alicantina Coepa no está dispuesta a que el Instituto Valenciano de Finanzas (IVF) impida la aprobación del convenio que ha propuesto a sus acreedores para superar el concurso en el que se halla inmersa y, como ya hiciera el administrador designado por el juez, también ha decidido presentar un escrito en el juzgado oponiéndose al recurso que presentó el banco público. En él defiende con uñas y dientes su propuesta pero, además, deja claro que el organismo dependiente del Consell sería el único beneficiado de su posible liquidación.
El IVF decidió recurrir la decisión del juez de admitir a trámite el convenio de Coepa al considerar que incumplía la legislación concursal por dos motivos. Primero porque, a su juicio, se trata de un convenio liquidatorio -prohibido por la ley- ya que al contemplar una quita del 95% para la deuda ordinara los acreedores apenas cobrarían. Y, además, también cree que sería inviable, porque contempla el pago de la hipoteca del centro de oficios con la realización -la venta o entrega- del inmueble pero no presenta ninguna oferta en firme por el mismo para justificar esta posibilidad.
Frente a esto, el documento elaborado por el despacho de Garrigues recuerda al organismo público que lo que prohíbe la ley es «la liquidación global del patrimonio del concursado para pagar las deudas», cosa que no ocurre en esta caso, en el que se plantea una quita del 95%, precisamente, para garantizar «la viabilidad y continuidad de la confederación empresarial». Así, señala que el único bien que se pretende enajenar es el centro de oficios, que no es necesario para el desarrollo de las funciones de Coepa.
Pero, además, también señala que la reforma de la ley concursal de 2014 suprimió el límite que existía para las quitas y esperas, únicamente estableciendo que deben aprobarse con una mayoría reforzada del 65% de los acreedores ordinarios entre los que, por cierto, no se encuentra el IVF ya que su deuda es privilegiada al tener garantía hipotecaria. En este caso, todo depende de Cierval, que ostenta el 75,5% de la deuda ordinaria.
En cuanto a la inviabilidad del plan propuesto, la patronal recuerda que la tasación del centro de oficios por una empresa homologada fue de 4,4 millones frente a los 3,2 millones pendientes de pago de la hipoteca y también recalca que el IVF «no planteó incidente alguno» a dicha tasación cuando se hizo el inventario de los bienes de Coepa. Por tanto, señala queda acreditado «que la garantía tiene un valor superior al importe del crédito reconocido por el IVF». De esta forma, el banco público sería en realidad el único que cobraría tanto si se aprueba el convenio como si se va a liquidación.
