La Asociación Española de Denominaciones de Origen e Indicaciones Geográficas Protegidas (Origen España), que preside el alicantino José Enrique Garrigós, sale en defensa de estos organismos tras el informe elaborado por la Comisión de los Mercados y la Competencia (CNMC) en que cuestionaba las excesivas limitaciones que, a su juicio, impone este modelo.
Unas restricciones que niegan desde Origen España, que recuerdan que, por el contrario, las DO contribuyen al fomento de una "economia sostenible", son un "motor de empleo" en las zonas rurales y "garantizan a los consumidores, no sólo una reconocida calidad, sino un origen y el mantenimiento de las características organolépticas de los productos".
En concreto fue el pasado 19 de agosto cuando la Comisión de la Competencia hizo público su informe sobre el real decreto que prepara el Ministerio de Agricultura para regular las denominaciones de origen que abarcan más de una autonomía, como el cava o Rioja, que tienen productores en varias regiones. En el caso de Alicante todas las denominaciones son autonómicas. En dicho documento, el organismo supervisor considera que se otorga demasiado poder a los consejos reguladores -cita la capacidad de restringir la entrada de nuevos operadores o la posibilidad de limitar la producción- y también cuestiona que su personalidad jurídica sea pública. Todo esto, según Competencia, puede suponer trabas al libre mercado.
Frente a esto, Origen España defiende que las denominaciones de origen suponen una parte esencial de la Política Agraria Común de la Unión Europea y que, lejos de limitar la competencia, suponen una garantía de la misma. Al respecto, el director del organismo que agrupa a las DO españolas, Federico Moncunill, destaca que, precisamente por tratarse de asociaciones de carácter público, los consejos no pueden negar la entrada a ningún nuevo operador que lo solicite y que cumpla con los requisitos establecidos, "que son públicos e iguales para todos".
Lo mismo ocurre con las normativas sobre producción, política de marcas, publicidad o etiquetado, que también son públicas "y están plenamente justificadas en la defensa de la calidad o el carácter específico del producto. También en la necesidad de garantizar información veraz a los consumidores".
En cualquier caso, Moncunill recuerda que las recomendaciones de la CNMC no son de obligado cumplimiento y confía en que el Ministerio de Agricultura tramite el decreto con su redacción actual, que ha sido acordada y trabajada por los afectados durante los últimos seis años.
