Las inspecciones provinciales y la Dirección General Trabajo y Bienestar Laboral han puesto en vereda en los seis primeros meses del año a las empresas que han vulnerado derechos de los trabajadores o que no han cumplido la legislación laboral. Según la información facilitada por los órganos fiscalizadores de las tres provincias y la Generalitat, entre enero y junio de este año se abrieron 790 expedientes a empresas por valor de 4.324.637 euros. Un incremento sustancial respecto a ejercicios anteriores, según la directora general del ramo, Cristina Moreno, que «no tiene un afán recaudatorio sino garantizar los derechos de los trabajadores y la igualdad de oportunidades» entre empresas que compiten en un mismo mercado.
De este total, 301 sanciones se impusieron a compañías radicadas en Alicante, que sumaron 550.583 euros, según las mismas fuentes. Los motivos más frecuentes fueron los relacionados con el incumplimiento de los horarios -sobre todo por los trabajadores contratados a media jornada a los que se obliga a prolongar su actividad-, seguidos por la falta de planes para prevenir los riesgos laborales.
En el conjunto de la Comunidad, las sanciones más elevadas impuestas por los órganos correctivos han recaído en las Empresas de Trabajo Temporal (ETT) agrícola por «cesión ilegal de trabajadores», gracias a una campaña impulsada desde la Generalitat en la pasada temporada de cítricos en la autonomía. Estas multas representan el 98 % de los 2.820.155 euros sancionados por la propia dirección general y aprobados por el pleno del Consell, como obliga la legislación en estas sanciones.
