La mejora del empleo que se produjo durante el año pasado no consiguió aliviar el preocupante agujero que presentan las cuentas de la Seguridad Social, una situación que se repite en todo el país. Al contrario, a pesar del notable aumento de cotizantes registrado, el déficit que presenta el organismo público incluso aumentó ligeramente porque el gasto en prestaciones en Alicante creció a un ritmo mayor que los ingresos que aportan los nuevos trabajadores.
En concreto, de acuerdo con los propios datos de la Seguridad Social, las cotizaciones que pagan las empresas por sus empleados y las aportaciones de los autónomos sólo fueron capaces de cubrir el 88% de las pensiones contributivas que se abonaron en la provincia, un punto menos que en 2014. Esto significa que el resto del dinero tuvo que financiarse por otras vías, es decir, mediante transferencias del Estado y con el recurso a la denominada «hucha de las pensiones», que en los últimos años ya ha visto salir más del 60% de los fondos que llegó a acumular en los tiempos de bonanza.
En cualquier caso, cabe destacar que Alicante es una de las provincias donde el desequilibrio de la Seguridad Social es menor, ya que de media las cotizaciones sólo pagaron el 83% de las prestaciones del país. Un dato positivo que, sin embargo, tiene más que ver con la escasa cuantía de las pensiones medias en la provincia -de 775 euros frente a los 893 de la media nacional-, que con una mejor situación económica real en la zona.
En cuanto a los números exactos, los trabajadores dados de alta en la provincia supusieron unos ingresos totales para el organismo público de 2.640 millones de euros en 2015, sólo 56 millones más, un 2,1% más que en el ejercicio anterior. Mientras tanto, los 305.000 alicantinos con una pensión contributiva supusieron un dispendio de 2.988 millones de euros, 93 millones más que en 2014. El resultado es que el déficit se agrandó de 311 a 348 millones de euros.
No obstante, la cifra resulta aún más preocupante si, además de las pensiones contributivas, también se suman las no contributivas, las prestaciones por maternidad, las bajas laborales o los gastos de personal de la Seguridad Social, en cuyo caso los ingresos del organismo público sólo cubren el 77% de sus gastos en la provincia y el agujero se dispara por encima de los 800 millones.
Empleo de baja calidad
La situación en Alicante es sólo un reflejo de los problemas que acumula el sistema público de pensiones desde el estallido de la crisis económica y que ni el retraso de la jubilación a los 67 años que aprobó Zapatero, ni la última reforma de Rajoy, que desvinculó la evolución de las prestaciones del IPC, parecen haber solucionado. Es más, los sindicatos llevan ya tiempo denunciando que la baja calidad del empleo que se crea contribuye a agravar aún más la situación.
«Cada vez ganan más peso los empleos a tiempo parcial, por días o por horas, que, lógicamente, suponen cotizaciones más bajas y menos ingresos para el sistema», señala la secretaria general del UGT en l'Alacantí-la Marina, Yaissel Sánchez. A ello hay que unir «la pérdida de recursos que suponen las tarifas planas y todas las subvenciones a la contratación que el Gobierno concede a los empresarios y que también suponen menos dinero para la caja de la Seguridad Social», apunta, por su parte, Consuelo Navarro desde CC OO. Es lo que las organizaciones obreras denominan «peso muerto» del sistema, en palabras de Sánchez, un dinero que ahora «subvenciona a las empresas» y que, en su opinión, estaría mejor invertido si se destinara a pagar prestaciones.
Recientemente, CC OO elaboró un informe sobre el déficit de la Seguridad Social en el que, además, también se proponía que se aumentaran las bases máximas de cotización, que se equipararan los pagos que realizan los autónomos con los que abonan las empresas por sus empleados, y que los salarios de los trabajadores del organismo corrieran a cargo del Gobierno.
Lo que también reclaman cada vez un mayor número de voces es que se amplíen las fuentes de financiación de la Seguridad Social y, en concreto, que parte de las pensiones se paguen de los Presupuestos del Estado. Un propuesta que ya formó parte de lo programas electorales de varios partidos en las pasadas elecciones.
